No vulnera el derecho a la igualdad, ni los principios de proporcionalidad, eficiencia y calidad el que se hubiese establecido un procedimiento especial para que una entidad promotora de salud pública del régimen subsidiado del orden nacional (receptora de los afiliados que le hayan sido trasladados, cedidos o asignados de manera excepcional) pueda retirarse voluntariamente de una entidad territorial sin que ello produjera efectos sobre la autorización para operar en el respectivo departamento o región, ni generara sanciones por ese motivo. Así lo concluye un fallo reciente de la Sección Primera del Consejo de Estado luego de negar las pretensiones de una demanda de simple nulidad en contra del Decreto 2969 del 2010 (C. P. Oswaldo Giraldo López).