El Consejo de Estado señaló recientemente que si bien resulta perfectamente legítimo y ajustado a derecho que la policía antinarcóticos, en cumplimiento de sus funciones, practique procedimientos rutinarios de inspección en las embarcaciones atracadas en los puertos, previa autorización de los capitanes de estas, dicha circunstancia no releva a las autoridades del deber de reparar los daños antijurídicos que en ejercicio de tales actividades lleguen a causar, toda vez que las personas que los sufren no tienen por qué soportarlos. Encuentre en el documento adjunto a esta nota la aplicación de esta tesis en el caso objeto de estudio (C. P. Carlos Alberto Zambrano).