Cualquier variación o condicionamiento que se pretenda hacer en torno a la práctica de la prueba deberá contar con el consentimiento del peticionario.
El carácter residual de la tutela impone al interesado desplegar todos los recursos de defensa ofrecidos por el ordenamiento jurídico.
El documento se refiere, entre otros aspectos, a las infracciones administrativas y prescripción de la acción sancionatoria.
Declaran constitucional este acuerdo para eliminar la doble tributación con respecto al impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias.
La educación media constituye, precisamente, la culminación o consolidación de la educación formal.
Explican cómo la falta de diligencia del municipio como explotador del aeródromo generó la suspensión de operaciones, afectando derechos colectivos de la comunidad.
¿Quiénes son sujetos de protección y quién estarán a cargo de la misma? entre las adiciones que realizó la entidad.
En materia disciplinaria el régimen probatorio de la Policía Nacional se rige por lo dispuesto en el Código Disciplinario Único (Ley 734 del 2002).
La ley dispone los plazos máximos, por lo que el prestador puede disponer términos inferiores en el contrato.
Se requiere que la obra no haya sido financiada exclusivamente por medio de la contribución, sino con fondos generales del presupuesto.
Por tratarse de un contrato de depósito mercantil el único eximente de responsabilidad es la demostración de una causa extraña en el daño de la mercancía.
Pretenden la nulidad de una norma proferida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre contribución de funcionamiento e inversión vigencia 2017.
Si bien las inhabilidades como las incompatibilidades son prohibiciones, tienen finalidades y propósitos distintos.
De acuerdo con los accionantes, la norma demandada viola el derecho a la salud.
Admiten una demanda por posible omisión legislativa relativa, pues se vulnera el derecho a la igualdad.
Existe un límite temporal de cinco meses para que el usuario y/o suscriptor de servicios públicos presente reclamos sobre facturas.
Sin perjuicio de lo señalado para productos defectuosos, se responde por daños a consecuencia de la inadecuada o insuficiente información.
Suspenden del ejercicio de la profesión a abogado que promovió en dos oportunidades acción de tutela con identidad de sujetos y fáctica.
La realización de corralejas es una de las practicas exceptuadas de la especial protección contra el sufrimiento y el dolor que contempla el Estatuto Nacional de Protección Animal.
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 224 de la Ley 599 de 2000.
Las entidades públicas deberán adecuar manuales de funciones y competencias laborales para permitir nombramientos o determinar equivalencias.
Precisan que debe acreditarse el acompañamiento a través de actos positivos y concretos de las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una organización distinta de la suya.
A diferencia de las sociedades, el lucro o ganancia obtenida no se reparte entre sus miembros, sino que se integra al patrimonio.
Es susceptible de ciertas restricciones y está sujeto a garantías constitucionales.
Vencido el término, seguirá figurando en el registro mercantil, pero solo para efectos procesales, judiciales o administrativos.
Para la efectiva anulación se requiere que alguna de las partes pida que la nulidad se declare antes de que se emita la sentencia respectiva.
Este es el escrito que descorre el traslado de las solicitudes de nulidad formuladas contra la Sentencia C-055/22.
Las expresiones establecidas en el contenido de la sentencia de divorcio desconocían los principios de igualdad, dignidad, acceso a la justicia y a la reparación.
La base gravable es el avalúo catastral o el autoavalúo cuando se establezca declaración anual del impuesto predial unificado.
En materia disciplinaria es necesario consultar por integración normativa el Código Penal para aplicar los conceptos de autor y determinador.
La copropiedad debe considerar que el contador público que funja como revisor fiscal no puede ser coadministrador.
Corte Constitucional dejó en firme la sentencia que declaró la nulidad de la elección de un alcalde por violar la prohibición de doble militancia.
Examinados los artículos 424, 477 y 481 del Estatuto Tributario, no se observa que estén excluidos o exentos.
La solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resulta obligatoria cuando se aplica en la resolución del litigio normas comunitarias.
En la enajenación de acciones de la sociedad anónima concesionaria la sola existencia del contrato de compraventa no rompe la solidaridad del socio deudor solidario frente a terceros.
El municipio que desee crear un fondo deberá tener un porcentaje de desempleo superior al promedio nacional durante los últimos cinco años.
El demandante busca que se declare la exequibilidad condicional del literal I) del artículo 2 de la Ley 797 del 2003.
Dentro de dichos procedimientos y estipulaciones está todo lo relacionado a créditos y garantías que respalden obligaciones.
Las entidades prestadoras de servicios de salud tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de menores de edad en permanencia irregular dentro del país.
Constituye falta disciplinaria aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado.
En el 2023, para la inscripción o renovación del RUP el interesado reportará la información contable correspondiente a los últimos tres años fiscales anteriores al respectivo acto.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció la obligación de estar pendiente del traslado para sustentar el recurso.
La entidad actualizó medidas sobre el manejo de recursos de regalías y compensaciones a las que se refiere el artículo 360 de la Constitución Política.
Según el demandante, la norma acusada desconoce el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y los artículos 29 y 93 de la Constitución.
Siempre que se cumpla con todos y cada uno de los presupuestos legales aplicables para efectos de su validez, así como los demás requisitos.
Para el actor, se debe declarar la inexequibilidad del parágrafo del artículo 225A de la Ley 1952 del 2019, por ser contrario al debido proceso.q
Se debe tener en cuenta la legislación vigente que regula la expedición de visas, el ingreso y permanencia de extranjeros.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 2111 del 2021, que adicionó artículos al Código Penal.
Memoriales incidental y de excepción no interrumpen la prescripción civil, pues no se dirigían al deudor, sino al juez.
Siempre y cuando las zonas o áreas comunes no se destinen para la explotación comercial o industrial y por ello se genere renta.
El ajuste se realiza en consideración con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 1955/19.
Advierten si existe vulneración del derecho al dejar de notificarle al accionante por edicto la sentencia proferida en segunda instancia en materia laboral.
Consejo de Estado recuerda la posibilidad de solicitar al juez que decrete de órdenes de hacer o no hacer relacionadas con las pretensiones de la demanda.
No son nulas las normas que ordenan mantener las destinaciones del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado para financiar el aseguramiento en salud.
Corresponde al concejo definir las tarifas aplicables a las diferentes actividades gravadas, así como las exenciones.
Al dictarse sentencia sin practicar las pruebas pedidas por la demandada para defender su vínculo filial se vulneró su derecho de defensa y contradicción.
Inoperancia de la prescripción cuando la falta de notificación se produce por causas atribuibles a la administración de justicia.
El juez de ‘habeas corpus’ no puede intervenir para obstaculizar, cuestionar o invalidar las decisiones de las autoridades competentes de una extradición.
No solo se suscribe a la calidad del objeto vendido o del servicio prestado, sino también al cumplimiento de términos y condiciones.
En caso de instalación, será obligación del suscriptor y/o usuario facilitar el acceso al dispositivo de medición en todo momento.
Mecanismos de pago electrónico se entenderán válidos, siempre que cumplan ciertos lineamientos.
Rodolfo Hernández aún no confirma si aceptará la curul que le corresponde y señaló que esperará a ser notificado oficialmente.
En su primer discurso, Gustavo Petro realizó polémicas solicitudes a la Fiscalía y a la Procuraduría.
En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá sabemos que la justicia es un servicio público esencial con vocación de continuidad, es por esto que nunca nos detenemos.
Los reportes de transacción electrónica reportados por la DIAN muestran incrementos en ventas y facturación durante las primeras 11 horas del día sin IVA superiores al 20 %.
El artículo 5 del Decreto 1512 de 1985 fue derogado por el artículo 3.2.1.1 del Decreto 1625 del 2016.
Cuando la aclaración de un fallo no afecta la situación jurídica del sujeto no se viola la ‘non reformatio in pejus’, y mucho menos el debido proceso.
De configurarse un pago recibido para terceros, la sociedad que recibe y dispersa deberá reportar información.
La discusión relativa al Derecho Tributario y a la forma en la que se desarrollen los procesos tributarios se encuentra ligada a la concepción de Estado que tiene el futuro Presidente.
La Ley 2075 del 2021 sumó el subsidio familiar a los derechos a la seguridad social que disponía la Ley 1551 del 2012.
La Corte Constitucional publicó la sentencia que declaró la inexequibilidad de varios apartes de la reglamentación a la cadena perpetua.
Precisan cómo en el campo del derecho del trabajo no siempre la presencia de la triple identidad impone la declaratoria de la cosa juzgada.
Incumplimiento en el pago de aportes de subsidio familiar implica sanciones de suspensión o expulsión a empleadores afiliados.
Cuando existe contrato de mandato con representación la DIAN puede exigir el pago de las inexactitudes a la sociedad de intermediación aduanera.
La Corte Constitucional resolvió las demandas que se presentaron contra el artículo 124 de la Ley 2159 del 2021.
Los empleados públicos tienen prohibido el ejercicio de la abogacía durante el tiempo que dure su relación laboral con la entidad estatal.
Con esta modificación se adiciona el procedimiento para la habilitación de depósitos francos para el almacenamiento, exhibición y venta de mercancías nacionales.
Ante el incumplimiento de una orden proferida en un fallo de tutela el beneficiario puede acudir ante el juez de primera instancia.
El agravio que sufre el impugnante con la sentencia que recurre debe ser determinable en dinero, es decir, cuantificable pecuniariamente.
Conozca qué procede en los casos de pérdida o destrucción de expedientes y su relación con la acción constitucional de habeas corpus.
Aceptar poder sin mediar paz y salvo es un comportamiento desleal n contra los colegas.
Las autoridades administrativas pueden establecer tanto días hábiles como no hábiles para la recepción de PQR.
El mecanismo de pago contingente al ingreso para nuevos créditos del ICETEX beneficiará a los jóvenes que aún no tienen trabajo o ganan menos del salario mínimo.
El registro de la enajenación de los derechos conexos se realiza con fines informativos y organizativos.
La Corte Constitucional concluyó que la Ley 2088 de 2021 no incurrió en un desconocimiento de la reserva de ley estatutaria.
Se regula un sistema único para el mejoramiento y prevención de los abusos en la actividad de policía.
Corresponde al curador urbano cumplir las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el municipio o distrito.
La autorización para retiro de copias enviada por el abogado no puede entenderse como una manifestación inequívoca con miras a reasumir el poder sustituido.
La omisión de alguna formalidad en relación con la negociación de derechos hereditarios de un menor de edad genera la nulidad relativa que es saneable por el paso del tiempo.
Dentro del proceso disciplinario se demostró que el abogado, valiéndose de su condición de hombre, la intimidó, increpó, arrinconó y amenazó con sus expresiones corporales.
Explican que dichos aportes pueden ser trasladados al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de un bono pensional y sin que ello genere alguna incompatibilidad.
Los contratos de concesión (incluyendo los que se suscriban mediante el esquema de APP) no cumplen el presupuesto de hecho para la causación de la estampilla.
Sala Penal explica la configuración de agravantes en el homicidio preterintencional.
La administración distrital afirmó que respeta el fallo, pero disiente del fondo, por lo que lo apelará ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.
La negativa a debatir constituye una afrenta al derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la conformación del poder político.
No es dable eximir de responsabilidad al empleador bajo la tesis de la imprudencia de su trabajador cuando se ignoran las normativas que le imponen obligaciones ineludibles.
La SIC no desconoció el debido proceso ni el derecho de defensa al no valorar nuevas pruebas que no fueron planteadas en la solicitud inicial de patente de invención.
No se exige tener en cuenta un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral.
La prestación de servicios de manejo y procesamiento de información no es una actividad económica que, por sí sola, dé lugar a la contraprestación que los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben pagarle al Estado.
El CTCP resolvió una consulta sobre la posibilidad de soportar en un comprobante de egreso varios gastos y totalizar un solo valor.
La Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones “el párroco o su delegado” sobre la norma de fundación y funcionamiento de juntas defensoras de animales.
En la designación de funcionarios del más alto nivel decisorio del poder público el porcentaje representativo de mujeres en ningún caso podrá ser menor al 30 % de los cargos a proveer.
Puede exigir que se preste el servicio en las condiciones originalmente pactadas o la devolución del precio pagado.
En cada caso se deberán analizar los posibles efectos fiscales derivados de la operación, según las condiciones particulares.
El ajuste se realiza en el artículo que hace referencia a las medidas antievasión, modificando la palabra "prioridad" por "propiedad".
Corresponderá al interesado verificar la información solicitada en el respectivo certificado expedido por el agente.
Descargue la ley que integra a la normativa nacional el Decreto Legislativo 806/20, con el cual se adoptaron las TIC para las actuaciones judiciales.
La Corte Constitucional señaló que el legislador excedió el amplio margen de configuración en materia procesal y fijó reglas con efectos retroactivos en esta decisión.
Para que la cesión de créditos se perfeccione se requiere que en el título contentivo de la deuda se incorpore nota de cesión suscrita por el cedente y que identifique al cesionario.
Sin perjuicio de los acuerdos privados, el tratamiento aplicable será el que corresponda, teniendo en cuenta la realidad y naturaleza de la operación.
El abuso de confianza requiere la realización de un acto externo de disposición sobre el bien mueble con ánimo de incorporarlo al patrimonio.
Según el demandante, la norma contemplada en la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera por omisión legislativa relativa el artículo 15 de la Constitución Política.
Pese a la solicitud de adelantar la prima para el aprovechamiento del día sin IVA, el plazo máximo se mantiene.
Se trata de procesos especiales de contratación que tienen su origen en la necesidad del apoyo de las entidades estatales a actividades benéficas.
Cuando se informa una dirección especial para recibir notificaciones diferente a la registrada en el RUT, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 564 del E. T., tal dirección prevalece.
No procede el reconocimiento y pago de prestaciones sobre los lapsos en donde se presentaron interrupciones contractuales, así sean inferiores a 30 días hábiles.
La revisoría fiscal es potestativa en el caso de las copropiedades de uso residencial y obligatoria en las de uso comercial o mixto.
Perjuicios causados por varios actos administrativos individuales debe intentarse separadamente, mediante los correspondientes procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.
Los demandantes consideran que la norma acusada vulnera el artículo 58 de la Constitución Política, porque fija como indemnización el 10 % del valor comercial del predio dentro del procedimiento administrativo de expropiación.
Las compensaciones que servirán de base gravable para liquidar los aportes con destino al sistema de la protección social son aquellas que recibe el trabajador asociado únicamente como retribución por la ejecución de su actividad.
El ingreso para el trabajador se reconocerá únicamente en el momento que ejerza la opción de compra.
No es viable la tutela contra los actos administrativos de carácter definitivo si existen los medios de control de los que conocen los jueces administrativos.
El incumplimiento de las condiciones normativas conlleva a que no pueda ser considerada como tal y, por lo tanto, no podrá realizar actividades contables.
Mincomercio responde las inquietudes más frecuentes de la jornada.
Prohibición para cónyuges o compañeros permanentes y parientes del concejal de ser contratistas no conlleva a la configuración de causal de desinvestidura.
El accionante consideró que para alcanzar el acceso a la administración de justicia, la imposición de una sanción privativa de la libertad no es necesaria.
Todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales.
Puede acudir ante los jueces de lo contencioso administrativo y controvertir la legalidad del acto.
El vocablo del artículo 1076 del Código Civil y su disposición integrada vulneran el derecho a la igualdad y a la intimidad de las personas en situación de discapacidad visual.
Confirman sanción a una juez por quebrantar principios constitucionales vinculados al acatamiento del precedente judicial.
En virtud del derecho a la autonomía universitaria los requisitos previstos en el plan curricular de cualquier ente educativo son de obligatorio cumplimiento para obtener el título de abogado.
Es una falta de honradez por parte del abogado tomar dinero del cliente como parte de sus honorarios, pues existen vías ordinarias para el cobro de su contraprestación.
Dentro de las medidas de pago de los recobros al Fosyga el incumplimiento del plazo previsto conlleva la causación de intereses moratorios.
Se trata de las mismas elecciones y, en ese sentido, el beneficio de la segunda vuelta anula el de la elección anterior.
El empresario no puede valerse del esquema que utiliza para organizar eventos para negarse a devolver la totalidad del dinero.
Son los jueces de lo contencioso administrativo los encargados de realizar por mandato constitucional y legal el control judicial de los actos administrativos.
En razón a que el precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares es un hecho variable, el DANE profiere la certificación.
Se trata de una norma de carácter remisorio respecto del procedimiento y sanciones prestablecidas en el Código Nacional de Tránsito.
La iniciativa incorpora las medidas del Decreto 806/20 al ordenamiento jurídico, pendiente la sanción presidencial.
Cuando coexista un contrato de distribución y uno de agencia mercantil se debe excluir del cálculo de la cesantía comercial el resultado económico de ese otro negocio jurídico.
Declaran que un representante de las comunidades negras también integrará esta instancia.
Los 10 investigadores conforman el consejo junto con el Presidente de la República y el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Si el vendedor del bien es un usuario industrial no podrá prestar servicios de almacenamiento en sus instalaciones a terceros.
La prima especial que estableció el legislador no es parte del salario de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
El Gobierno emitió los lineamientos para que las entidades cumplan lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 2195/22.
La Sala Especial de Instrucción considera que cambiar el sistema de juzgamiento de los congresistas y las funciones de su sala podría conllevar a casos de impunidad.
Se les debe aplicar el ajuste automático conforme a la Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional a todos los congresistas que para la fecha de dicha orden percibían más de 25 salarios.
Dentro de los usuarios residenciales están los pequeños locales comerciales independientes o conexos a una unidad habitacional.
Las sociedades que arrojaban pérdidas no estaban obligadas a constituir la reserva del artículo 130 del Estatuto Tributario para la deducción de cuotas de depreciación fiscal.
Por tratarse de una norma transversal al sistema de compras y contratación pública, se aplica aunque no medie el uso de puntaje.
Aclaran si existe tarifa legal para acreditación de daños únicamente con base en la contabilidad del accionante.
Exhortan al Congreso y al Ministerio de Salud a proteger los derechos e integrar al Sistema de Seguridad Social en Salud a las personas que ejercer la partería.
Solo son parte del bloque de constitucionalidad aquellas normas de la Decisión Andina 351 de 1993, que se refieran a la protección de los derechos morales de autor.
Aportantes y trabajadores independientes no pueden deducir de las cotizaciones el valor de las incapacidades.
Tras la Sentencia C-153/22, las entidades estatales deberán terminar cualquier contrato o convenio amparado en el artículo 124 de la Ley 2159/21.
La Corte Constitucional precisó que solo el Presidente de la República podrá confiarle misiones o encargos especiales, o designarlo en cargos de la Rama Ejecutiva.
Las instrucciones son para informar a los consumidores acerca de los precios y de la voluntariedad de la propina, y del derecho de no pagarla o variar su cuantía cuando sea sugerida.
Explican el grado de conocimiento sobre el resultado para que concurra la exigencia legal para ser señalado como supuesto determinador.
Tratándose de enfermedades mentales, la continuidad del tratamiento con el mismo profesional es indispensable.
Se debe tener en cuenta que la consolidación del derecho es anual, sin perjuicio de las provisiones que contablemente se deban efectuar.
Para la configuración de la sustitución de empleadores es necesaria la continuidad de la relación laboral, entendida como prestación del servicio a una misma organización productiva.
Solo el suscriptor, en su condición de parte del contrato, es quien puede solicitar modificaciones.
Una vez suscrita la fórmula de terminación por mutuo acuerdo, la obligación derivada de la liquidación oficial de revisión se extingue.
Para estipular una cláusula de esta naturaleza se exige el voy favorable de todas las acciones suscritas.
La Corte Constitucional estudió la prohibición a las empresas prestadoras del servicio de energía de trasladar a los usuarios estos costos, por violación del criterio de recuperación de costos.
El SGSSS reconocerá a los afiliados al régimen contributivo incapacidad por enfermedad general a través de las EPS.
Se considera acto fraudulento no indicar dentro de un proceso el domicilio del demandado para efectos de notificación, a pesar de tener conocimiento sobre él.
Explican que para que proceda la ineficacia del cambio de régimen pensional el análisis se centra en el deber de información y buen consejo que compete a las administradoras.
Una solicitud de compensación sin pronunciamiento administrativo es insuficiente para saldar una obligación tributaria.
Entrega directa o a través de un operador dependerá de lo consagrado en el contrato de condiciones uniformes.
Cónyuge supérstite cumple con el requisito de convivencia efectiva para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pese a no compartir techo con el causante.
Consejo de Estado estudió si se configuró falla del servicio por rematar, sin orden judicial, bienes recibidos en calidad de depositario y que un juez declaró legal.
Además del vínculo de subordinación, debe existir entre las entidades unidad de propósito y dirección.
El corredor como simple intermediario no es un mandatario, no tiene la representación del comitente, ni realiza ningún acto jurídico por cuenta de este: Corte Suprema
El trámite de las cuotas partes por cobrar que se causen a partir del cierre de la liquidación de una entidad es responsabilidad de la entidad con la que se realice la conmutación pensional.
Explican la vulneración por imposición del pago de los gastos derivados de la práctica de un dictamen pericial sin tener en cuenta que fue concedido el amparo de pobreza.
En este evento, no aplica la norma que les permite realizar rembolsos a los usuarios en servicios prestados por la misma aerolínea.
Todos los gastos por concepto de la avería gruesa declarada corresponden a un pago adicional que en toda travesía marítima puede presentarse a raíz del medio de transporte utilizado, en el cual los riesgos son mayores.
Los abogados deben observar mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos.
Declaran constitucional Convenio para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias.
El ordenamiento jurídico consagra de cara al fenómeno de la prescripción la suspensión a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría en materia laboral.
Las modificaciones se realizaron teniendo en cuenta los avances que ha tenido la ciencia y la tecnología en las operaciones y los cambios normativos en seguridad y salud en el trabajo.
El Decreto Legislativo 491/20 indica que la aplicación de las normas ordinarias que regulan la notificación electrónica por parte de la autoridad tributaria están supeditadas a que finalice la emergencia por covid-19.
Los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio designados por el Gobierno Nacional son sus voceros.
La Corte explicó que se desconoce la reserva legal al delegar la reglamentación de una materia que no había sido previamente regulada en la ley.
Para que proceda la ineficacia del cambio de régimen pensional no se exige que al tiempo del traslado el usuario cuente con un derecho consolidado.
La parte interesada debe llevar el testimonio directo del agente investigador que realizó el informe, a fin de que declare aspectos de forma directa y personal.
Las consecuencias del voto en blanco cuando sea mayoría respecto de los votos válidos solo aplican para las elecciones populares y no a las votaciones realizadas para elegir a los integrantes de las mesas directivas de las plenarias del Congreso.
Para cuando el contribuyente del impuesto sobre la renta necesite soportar los costos o deducciones derivados de la operación.
El alto tribunal resolvió sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres cabezas de familia que se encuentran en provisionalidad.
La exportación de los productos adquiridos en su mismo estado o una vez transformados debe efectuarse directamente al exterior.
Entre las modificaciones se encuentra el cambio de responsabilidad del Programa único de alimentación el cual estaba a cargo del Bienestar Familiar y pasa a la Unidad para las Víctimas.
Límite de 420 UVT mensuales vulnera el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 363 de la Constitución Política.
El análisis de la responsabilidad patrimonial tiene como referente las disposiciones comerciales, en el contexto de la responsabilidad extracontractual o por culpa in contrahendo.
Si bien capital y prima de emisión de acciones integran el patrimonio social, pueden ser rembolsados de manera independiente.
La contraloría escolar propuesta por un concejo municipal implica la creación de un nuevo órgano en los establecimientos educativos estatales, lo que modificaría la Ley General de Educación.
Se deben prever tarifas que den un tratamiento especial a las pequeñas empresas para que paguen un menor porcentaje en relación con los comerciantes de alto patrimonio.
Norma que incentiva la instalación y uso no se refiere a vehículos de servicio particular, pero tampoco existe prohibición.
En firme el acto administrativo de cancelación, la agencia de aduanas no podrá desarrollar actividades de agenciamiento aduanero.
La omisión de elaborar y aprobar el plan especial de manejo y protección para el sector antiguo de Cartagena (bien de interés cultural de la Nación) amenaza el derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación.
