Según Asonal, el Acuerdo PSAA1410195, en el que se informa qué juzgados alcanzaron las metas, supone la supresión del 30 % de los cargos creados para la descongestión.
El estatuto procesal por el cual se rige la actuación surtida ante la jurisdicción penal ordinaria es el que determina si debe acudirse al incidente de definición o al de colisión.
La Sala Plena del Consejo de Estado deberá determinar si el hecho de que la providencia no haya sido emitida, pese a que el caso ya fue resuelto, implica que la actuación no ha finalizado.
La ANDJE les solicitó a los funcionarios que intervienen en la investigación o juzgamiento penal total rigor en la aplicación de la medida de privación de la libertad, dado su carácter excepcional.
Este beneficio solo se puede conceder si existe un evidente comportamiento desidioso, apático o negligente de la autoridad judicial, indicó la Sala Civil.
Si no hay preaviso durante los 30 días anteriores a la culminación del contrato, el contrato se considera prorrogado por un periodo igual al inicialmente pactado.
La falta de competencia para celebrar un contrato no implica la violación del artículo 287 de la Constitución, ni se trata de una de las causales de nulidad absoluta del artículo 44 de la Ley 80.
Se trata de un intento por consagrar un marco de aceptación de condenados por dicho organismo y de definir las condiciones para que se cumplan esas determinaciones.
Las causales de nulidad por el no cumplimiento de los requisitos de elegibilidad solo se disuelven si el funcionario renuncia 12 meses antes de la elección.
La facultad de hacer efectivo el pago de obligaciones tributarias está limitada en el tiempo y no puede ir en contra del objeto mismo de la prescripción.
En su criterio, el magistrado debía tener en cuenta todos los elementos disponibles en la actuación procesal y no solo los resaltados en su etapa final.
La Procuraduría General de la Nación convocó a una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, la Rama Judicial y las superintendencias con funciones en justicia civil.
La entidad recaudadora debe verificar que el número de identificación tributaria y el nombre o razón social registrados en el formulario coincidan con los del certificado del RUT.
Según las estimaciones de la Fiscalía, los bienes que a la fecha tienen decretada medida cautelar son 469, que continuarían su proceso por Justicia y Paz.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Corte Constitucional la revisión de dos casos en los que se evidencian irregularidades en este proceso.
Dentro de los trámites de evaluación de la solicitud, se contemplan visitas de verificación y viabilización del área, que tendrán en cuenta aspectos técnicos y de seguridad minera.
Inicialmente, señaló que la norma se había declarado exequible, pero, una semana después, indicó que el fallo fue inhibitorio. El texto de la sentencia confirmó la primera información.
Si la transacción no vulnera la irrenunciabilidad de derechos ciertos e indiscutibles, no hay motivos que impidan darle trámite a la solicitud de terminación del litigio.
La fuerza pública y quienes asumen la defensa judicial de sus actos deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, advirtió el alto tribunal.
Las relaciones de amistad que tejen las personas durante sus vidas pueden llegar a estados de cercanía como los que se tienen con los miembros de la propia familia.
La duda que obliga al juez laboral a acoger la interpretación más favorable se produce cuando encuentra al menos dos disposiciones aplicables al caso analizado.
Se elaborará un proyecto de ley para modificar el tipo penal de lavado de activos, en concordancia con las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Dichas sociedades no se regulan por el derecho de asociación general, sino por las disposiciones de la Constitución económica, y son susceptibles de la intervención del Estado.
Según el Ministerio Público, el magistrado ponente del auto, José María Armenta, no conoció el contenido de los fallos disciplinarios que suspendió provisionalmente.
El Decreto 3011 del 2013 organiza el alistamiento, recepción, transferencia y administración de bienes entre las autoridades encargadas de la ejecución de estas normas.
La aplicación de un trato no preferente hace que la condición de desigualdad y desprotección en la que se encuentra el sujeto con discapacidad se perpetúe.
El incidente procedería respecto de todas las sentencias o autos proferidos por las altas corporaciones judiciales, incluidas las decisiones de tutela.
Al momento de proferir la resolución, la Fiscalía podrá ordenar las medidas cautelares que considere procedentes, con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados.
Cuando no exista disposición especial aplicable, estas sucursales se regirán por lo dispuesto en el Código de Comercio para sucursales de sociedades extranjeras.
La iniciativa establece 11 causales de extinción y propone la creación del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.
El Ejecutivo o la Procuraduría podrán solicitar la aplicación de este mecanismo sobre cualquier sentencia o auto de las altas cortes que amenace la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluida la tutela.
El articulado unifica las reglas sobre el tema, para hacer más expedito el procedimiento judicial de extinción y mejorar la lucha contra el crimen organizado.
El articulado unifica las reglas sobre el tema, para hacer más expedito el procedimiento judicial de extinción y mejorar la lucha contra el crimen organizado.
La claridad en las salvedades se exige cuando hay hechos o situaciones que se conocían o razonablemente se podían conocer al momento de suscribir el acta.
Si a pesar de la licencia, las partes acuerdan no suspender el contrato y la contratista acredita el cumplimiento de las actividades contratadas, habría lugar al pago de honorarios.