Así se implementará la política contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó las directrices para la implementación de la política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

De esta manera, se busca consolidar un sistema para la prevención, detección, investigación y juzgamiento de dichas actividades.

La operación de este sistema requiere tres temas transversales: entender la amenaza de estas conductas, posicionar a la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos como organismo consultivo del Gobierno y contar con mecanismos para el acceso y la disponibilidad de información clave.

Para ello,  el documento propone generar una articulación entre los actores del sistema, desarrollar un recurso humano calificado en las entidades, fortalecer los esquemas de supervisión de los distintos sectores de la economía y generar facultades efectivas de regulación, promover valores culturales y prácticas sociales en contra de esas prácticas y disponer de recursos tecnológicos e información.

Además, se plantea modificar la normativa vigente y realizar ajustes para solucionar los vacíos existentes. Con ese fin, se elaborará un proyecto de ley para modificar el tipo penal de lavado de activos (artículo 323 Código Penal), en concordancia con las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

De otro lado, se diseñará y pondrá en marcha una estrategia educativa y cultural de mediano y largo plazo para enfrentar esas actividades, dirigida a la ciudadanía en general.

La lucha contra estos delitos sería primordial en los aspectos misionales de las entidades del Gobierno, particularmente en aquellas que tienen funciones de inspección, control y vigilancia. Periódicamente, se realizarán capacitaciones de actualización a los miembros de la fuerza pública, para la identificación de tipologías de financiación del terrorismo.

Finalmente, se propone una coordinación entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, para elaborar un plan de sensibilización que permita la efectiva articulación interinstitucional en la implementación de la estrategia nacional contra las redes de apoyo al terrorismo.

El documento menciona que, desde mayo  del 2012, la Fiscalía ha desarrollado investigaciones por lavado de activos que a corresponden a 3.598 procesos. 

En cuanto a la financiación del terrorismo, entre los años 2000 y 2011 se registraron afectaciones a las finanzas de las organizaciones armadas al margen de la ley y delincuenciales, así: 2.913 predios y 93 establecimientos comerciales allanados, 65 capturados, 66 operaciones exitosas por extinción del derecho de dominio y 9 operaciones exitosas por lavado de activos entre autodefensas, FARC, ELN y EPL.

(Consejo Nacional de Política Económica y Social, Documento Conpes 3793, dic. 18/13)

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