Procuraduría dilata entrega de fallo que destituyó a Petro: Fiscalía

La Fiscalía acusó a la Procuraduría de dilatar la entrega del expediente disciplinario en el que el órgano de control destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Por esa razón, le dio plazo hasta las 5:00 p.m. de hoy para que le envíe una copia del fallo.

El ente investigador sostuvo que el Ministerio Público, inicialmente, se excusó en la reserva legal y, 24 horas después, señaló que no podía allegar la decisión sin los demás elementos procesales.

Según la Fiscalía, no es cierto que prevalezca la anotada reserva, que finalizó con el pliego de cargos. De hecho, si fuera pregonable su sostenimiento, no sería aplicable cuando la solicitud de acceso al expediente la adelanta una autoridad como el ente investigador, agregó.

Además, señaló que el pasado 12 de diciembre se negó nuevamente la copia del fallo sancionatorio alegando la inconveniencia de su entrega sin el resto de piezas procesales solicitadas por los investigadores e, inclusive, la falta de personal para la toma de fotocopias.

“Todas estas justificaciones son por entero equivocadas y sorprendentes, en tanto que son contrarias al derecho y hasta inverosímiles (…). Así el fallo sancionatorio se componga de 500 folios, tomar copia del mismo es una actividad que no tarda más de media hora ni requiere de la disposición de muchos funcionarios para su ejecución”, advierte la Fiscalía.

Vale la pena recordar que, el pasado martes, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció que se adelantará una inspección judicial en la Procuraduría General de la Nación, con el fin de recolectar información para establecer si existió alguna irregularidad en el fallo que destituyó al mandatario distrital.

Por su parte, el abogado defensor del alcalde Petro, Julio César Ortiz, presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cundinamarca contra el fallo de la Procuraduría, con el fin de que esta decisión quede sin efectos.

Los argumentos de la petición de Ortiz son el derecho de los ciudadanos a mantener un alcalde elegido popularmente, la falta de competencia del Ministerio Público para destituir e inhabilitar a un gobernante elegido por voto popular y la competencia del Presidente de la República para tomar esta clase de medidas.