Lista ponencia para último debate de reforma penitenciaria

La plenaria del Senado estudiará, en cuarto debate, la propuesta de reforma a las leyes 55 de 1993, 65 de 1993 y 599 del 2000, con la que se harían importantes cambios al sistema penitenciario y carcelario.

Del pliego de modificaciones, vale la pena destacar que el Consejo Superior de la Judicatura deberá garantizar la presencia permanente de un juez de ejecución de penas en los establecimientos carcelarios que lo requieran.

Además, la prisión domiciliaria se otorgaría a condenados que hayan cumplido la mitad de la pena, con otras condiciones, excepto si pertenecen al grupo familiar de la víctima o fueron sentenciados por genocidio, desaparición forzada, secuestro, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de menores, tráfico de migrantes, delitos sexuales, extorsión, concierto para delinquir, lavado de activos, terrorismo, entre otras conductas.

La persona sometida a prisión domiciliaria será responsable de su propio traslado a las diligencias judiciales, pero en todos los casos requerirá la autorización del Inpec para realizar el desplazamiento.

Otro cambio significativo es la creación de establecimientos de reclusión de mujeres, destinados a su detención preventiva, que deberán contar con una infraestructura que les garantice a las gestantes sindicadas o condenadas un adecuado desarrollo del embarazo.

Además, deberán contar con un ambiente propicio para madres lactantes, que permita el correcto desarrollo psicosocial de los niños y niñas menores de tres años que conviven con sus madres. El ICBF visitará por lo menos una vez al mes estos establecimientos, con el fin de constatar el cumplimiento de las condiciones de atención a los niños y niñas.

Sobre el régimen de visitas, la iniciativa propone que las personas privadas de la libertad puedan recibir una visita cada siete días calendario, sin perjuicio de los beneficios judiciales y administrativos aplicables.

Los establecimientos de reclusión deberán contar con lugares especiales para recibir las visitas de menores de edad, diferentes de las celdas y/o dormitorios, que deben contar con vigilancia permanente.

Finalmente, señala que los directores de los establecimientos promoverán convenios con instituciones de educación superior que, en el marco de su autonomía, hayan determinado que sus estudiantes Derecho pueden cumplir las prácticas de consultorio jurídico brindando asistencia jurídica a las personas de escasos recursos privadas de la libertad.

Vale la pena recordar que la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) advirtió que el proyecto de reforma penitenciaria se queda corto en la reducción de los niveles de hacinamiento y la prevención de la violación de derechos en los establecimientos de reclusión. Según la CEJ, las propuestas no se armonizan con las reformas sustanciales y procesales penales que se tramitan en el Congreso.

(Senado de la República, Ponencia proyecto de ley 256/13C-023/13S, nov. 14/13)

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