No es posible inferir que las organizaciones que obtuvieron personería como resultado de la representación obtenida en el Congreso no pueden inscribir listas en esa circunscripción.
El término se debe contar desde la notificación del último auto, la práctica de la última diligencia o la notificación del auto admisorio al Ministerio Público.
El ministro Yesid Reyes aclaró que no ha sido ni informado ni se ha comprometido a participar de una mesa de negociación con los funcionarios que permanecían en cese de actividades.
Cuando del convenio se deriva de un contrato de obra pública, la entidad puede declarar la caducidad, aunque esta no se haya pactado de manera expresa.
De otro lado, el Gobierno y las organizaciones sindicales del Inpec llegaron a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales y buscar salidas a la crisis carcelaria.
El funcionario judicial debe hacer una interpretación racional de los requisitos de la demanda, para no imponerle al demandante mayores exigencias que las contenidas en la ley.
La notificación puede realizarse por la forma que sea más expedita y eficaz, al punto que la comunicación personal no es una camisa de fuerza para el juez.
Las personas que solo han sido censadas para optar a programas de vivienda gratis no tienen un derecho o expectativa que pueda ser objeto de protección por vía de tutela.
El Ministerio de Educación insiste en desconocer la ratio decidendi de sentencias de tutela, al negar convalidación cuando un diploma tiene esta categoría, indicó la Corte Constitucional.
En su calidad de representante del Estado en el proceso ejecutivo, el juez debe verificar que los documentos aportados como título cumplan los requisitos legales.
La directiva no prohíbe el uso de la cláusula arbitral. Por el contrario, busca que su inclusión sea voluntaria y producto de una decisión de gerencia pública.
El Consejo de Estado calificó el asesinato del líder de la UP Josué Giraldo Cardona como una afrenta al ejercicio de los derechos de oposición política.
Según el mandatario, el compromiso de las FARC con el cese el fuego es una muestra del avance de las negociaciones que, desde noviembre del 2012, se llevan a cabo en La Habana.
No se discutirá sobre la posibilidad de que las bonificaciones se conviertan en salarios, como lo exige Asonal Judicial, pues esto le costaría al país 6.000 millones de pesos, afirmó.
Toda limitación al ejercicio de propiedad debe analizarse mediante un juicio de proporcionalidad, para garantizar el equilibrio entre los derechos de los propietarios y el interés común.
El Ejecutivo debe consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Los investigadores escucharán a los funcionarios que ordenaron el pago de salarios, bonificaciones y primas a los servidores que se encuentran en cese de actividades.
La pérdida de oportunidad como factor de imputación o instrumento de facilitación probatoria tiene aplicación cuando no es posible demostrar el nexo causal.
Esta cifra tuvo en cuenta la participación de los funcionarios y empleados, las audiencias que se dejaron de realizar y los procesos que quedaron pendientes.
La entidad cuenta con un sistema que permite a los usuarios realizar trámites como derechos de petición, demandas y denuncias de protección al consumidor.
Los jueces podrán ordenar la entrega de los bienes inmuebles necesarios para proyectos de transporte, agua potable y saneamiento básico, en un término improrrogable de 10 días hábiles.
De manera previa a las votaciones, el acuerdo final para la terminación del conflicto armado deberá ser publicado y difundido para conocimiento de los ciudadanos.
La medida busca garantizar que la administración pública no se vea paralizada por la imposibilidad de celebrar contratos y posesionar funcionarios a partir del 1º de enero.
Las condiciones fijadas en el nuevo decreto serán exigibles para la habilitación y permanencia de las entidades, que tienen un plazo de siete años para cumplirlo progresivamente.
La nueva regulación establece medidas preventivas y de vigilancia especial cuando una institución presente anormalidad en la prestación del servicio o irregularidades en su funcionamiento.
En los términos contabilizados en días no deben tenerse en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que, por cualquier circunstancia, permanezca cerrado el despacho.
El porcentaje de cargos no prorrogados corresponde al total de jueces y empleados que laboraban en edificios en los que no hubo atención normal al público.
Quienes asumen la defensa judicial de estos actos deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, advirtió el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado negó la impugnación del fallo de tutela que respaldó la realización de la exposición Mujeres ocultas en el Museo Santa Clara, de Bogotá.
Los locales comerciales ubicados en un aeropuerto público son bienes fiscales por razón de su destinación, y el arrendamiento de sus áreas está permitido.
El Ejecutivo pondrá en marcha planes para optimizar actividades agrícolas, mineras y ganaderas en la zona, que implicarán inversiones cercanas a los 15.000 millones de pesos.
Desde este viernes y hasta el reintegro de los empleados, en el 2015, se mantendrán suspendidos los términos en todos los expedientes a cargo de los despachos.
Los empleados solo ejercen un control formal en las actuaciones procesales, de manera que las constancias no tienen carácter esencial, material ni vinculante para las partes.
La propuesta no contempla recursos para cubrir las obligaciones adicionales que se derivarían de un eventual acuerdo de paz, advirtió el contralor general, Edgardo Maya.
Los efectos generados por la norma hasta la declaratoria de inconstitucionalidad son válidos y, por ende, el juez administrativo no puede desconocer que las consecuencias son hacia el futuro.
El concepto emitido por ese alto tribunal precisa que la manera más adecuada para liquidar el valor de las reparaciones es la aplicación de la tasa de interés efectivo anual.
Si el cese de actividades se extiende hasta el inicio de la vacancia judicial, el próximo viernes, este cálculo superaría los 100.000 millones de pesos.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, agradeció a los legisladores por aprobar las reformas constitucionales de equilibrio de poderes y a la justicia penal militar, en primera vuelta.
La ley entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables.
El aparte demandado podía controvertir el mandato del artículo 90 de la Constitución, que obliga a repetir contra los funcionarios a quienes se les compruebe dolo o culpa grave.
A las jornadas podrán asistir todas las comunidades que se consideren con derecho a participar en el proceso, sean rurales o urbanas, con independencia de la forma organizativa que hayan adoptado.
Sin embargo, debido a la celebración del Día Nacional de la Justicia, este miércoles no habrá atención al público en las diferentes sedes jurisdiccionales del país.
El proyecto, que pasa a estudio de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, incluye una actualización en materia de proporcionalidad de las sanciones disciplinarias.
No es viable que, mediante un fallo de tutela, se condicione el actuar de las autoridades judiciales y administrativas que se encuentran efectuando las diligencias propias de su competencia.