Defensoría presenta tutela para evitar parálisis en la Contraloría

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, radicó este viernes una acción de tutela, con el fin de solicitar medidas cautelares urgentes y, de esta manera, evitar que las dificultades contractuales entre la Contraloría General de la República y la sociedad encargada de administrar la sede en la que funciona esa entidad afecten los servicios a los ciudadanos.

La medida busca garantizar que la administración pública no se vea paralizada por la imposibilidad de celebrar contratos y posesionar funcionarios a partir del 1º de enero, debido a la falta de los certificados de antecedentes fiscales que expide el ente de control.

“Lo que busca la Defensoría es que no se prorrogue ningún contrato, sino que se garantice el funcionamiento transitorio en dichas instalaciones por un tiempo prudencial, hasta que la Contraloría y el Gobierno Nacional ubiquen las instalaciones adecuadas para trasladar la entidad”, explicó Otálora.

Según el Defensor, la negativa de la sociedad que administra el inmueble a celebrar un nuevo contrato impactaría los derechos fundamentales de los colombianos al acceso y a la correcta marcha de la función pública y, particularmente, el derecho de los 2.200 servidores públicos de la Contraloría a contar con un espacio de trabajo digno para el desarrollo de sus tareas.

La Defensoría también solicitó la protección del derecho al debido proceso de las personas vinculadas a procesos de responsabilidad fiscal y de los sujetos auditados por la Contraloría.

En efecto, actualmente, esa entidad adelanta 661 procesos de responsabilidad fiscal, sin contar los que han sido declarados de impacto; 196 de antecedentes; 15 indagaciones preliminares; 150 procesos de cobro coactivo; 8 procesos administrativos sancionatorios en segunda instancia, y 2 procesos disciplinarios en segunda instancia.

Cabe recordar que la semana pasada el Consejo de Estado negó una acción de tutela con la que la Contraloría buscaba la prórroga del contrato alegando un supuesto estado de subordinación e indefensión. Según la Sección Primera, nada le impide al Contralor General de la República aceptar la oferta del arrendador de prorrogar el contrato en los términos originalmente pactados, “mientras el juez natural del contrato decide sobre la validez de las cláusulas”.