Senado aprueba reforma del Código Disciplinario

La Plenaria del Senado aprobó, en primer debate, el proyecto de ley que busca optimizar el régimen disciplinario. 

El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, destacó el respaldo del Legislativo a la propuesta, presentada por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. “Creo que es una puesta al día del derecho disciplinario para lograr cumplir eficazmente los roles para los que ha sido diseñado”, indicó.

La iniciativa, que pasa a estudio de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, incluye una actualización en materia de proporcionalidad de las sanciones disciplinarias.

“Una de las grandes críticas que había del actual Código Disciplinario era el desconocimiento del principio de proporcionalidad. La norma no distinguía entre el dolo y la culpa gravísima. Aquí se hace una distinción. Las faltas que se cometen con dolo mantienen las sanciones entre 10 y 20 años, las conductas que tienen que ver con actos de corrupción. En tanto, las que tienen que ver con ineficiencia administrativa, que se equiparan a la culpa gravísima, se reducen entre tres y siete años”, explicó Ordóñez.

El proyecto también organiza la mayoría de los comportamientos que el legislador considera como faltas disciplinarias. Por otro lado, introduce algunas faltas que antes no se habían considerado, como las relacionadas con la hacienda pública y el presupuesto.

De otro lado, se crea un régimen probatorio propio para el Derecho Disciplinario y beneficios por colaboración. Así, se regula la inspección disciplinaria (visita especial), se precisa el aporte y la incorporación de documentos, se desarrolla el trámite de la prueba pericial y se introduce la ritualidad en el recaudo de los testimonios y su correspondiente valoración.

Por último, se adopta un procedimiento disciplinario único, con dos etapas plenamente definidas (investigación y juzgamiento), que serían adelantadas por un mismo funcionario.

La primera fase de este procedimiento estaría encaminada a la incorporación de los medios probatorios que permitan verificar los hechos, la individualización del presunto autor de la falta y a determinar si existe mérito para formular cargos.

El proyecto fue consensuado por una comisión conformada por la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Personería de Bogotá, el Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario y el Instituto Colombiano de Derecho Disciplinario.