El Consejo de Estado declaró la responsabilidad estatal derivada de un allanamiento realizado por parte de integrantes de la fuerza pública, autoridades judiciales y de seguridad nacional a una vivienda ubicada en un barrio de Medellín en donde se produjo la destrucción del inmueble, la muerte de una de las residentes y graves lesiones a su esposo. De acuerdo con la sentencia, los miembros del Ejército deben actuar conforme a los parámetros fijados en la Constitución, pues cualquier transgresión a estos, como el aniquilamiento de los derechos fundamentales, especialmente la dignidad humana, quebranta el Estado social de derecho. En consecuencia, la institucionalidad debe fijar estándares reglados sobre el manejo de la fuerza pública, teniendo en cuenta el principio de excepcionalidad en su uso, por ende, los integrantes de los estamentos de seguridad no pueden invocar la obediencia debida o el cumplimiento de un deber legal cuando su conducta configure crímenes de lesa humanidad, guerra o cualquier violación de los derechos humanos, sostuvo el alto tribunal. Justamente, los Estados deben garantizar que sus agentes respeten el derecho a la vida de los ciudadanos, resaltó (C. P. Enrique Gil).