La Corte Constitucional amparó los derechos al debido proceso y a la igualdad de una menor, al advertir que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no puede excluir del subsidio escolar del programa Más Familias en Acción a los niños, por supuestos incumplimientos de cargas probatorias de certificación que se encuentran en cabeza de las entidades que operan tal política pública, como sucede con la actualización de datos o la demostración de la asistencia a clases por parte del alumno. En el caso analizado, le ordenó a la entidad pagar el monto adeudado por las cuotas del subsidio económico de educación que dejó de percibir la menor (M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez).