Al determinar la responsabilidad estatal por el daño causado a un ciudadano perjudicado por el fallo que anuló parcialmente el acto administrativo expedido por el Consejo Nacional Electoral que lo declaró electo gobernador del departamento de Casanare para el periodo 1996-1999, la Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que la declaratoria del error judicial de las altas cortes no viola la independencia de los jueces ni la seguridad jurídica. Según la corporación, independientemente de la jerarquía, toda autoridad pública está expuesta a generar un daño antijurídico que nadie está obligado a soportar, de manera que, aunque la lesión provenga de un alto tribunal, esto no es razón suficiente para exonerarlo de dicha responsabilidad. En el caso analizado, el Consejo verificó que el demandante fue elegido para un periodo individual de tres años, mientras que tal sentencia lo redujo a un periodo institucional, lo cual desconoció la jurisprudencia constitucional en la materia (C. P. Stella Conto).