Procuraduría pide tiempo para que la Contraloría cambie de sede

La procuradora general de la Nación (e), Martha Isabel Castañeda Curvelo, solicitó al Juez Primero de Ejecución de Penas que decrete como medida cautelar la adopción de las acciones necesarias, por parte de la sociedad Proyectos y Desarrollo I.S.A., para garantizar que los funcionarios de la Contraloría permanezcan en el edificio que actualmente ocupan.

En el escrito de coadyuvancia presentado respecto de la acción de tutela promovida por varios servidores de la Contraloría en contra de la citada sociedad, la Procuraduría manifestó que es necesario ordenar al arrendador el despliegue de acciones y medidas para que el ente de control cuente con el tiempo necesario para desalojar el edificio que ocupa y conseguir una nueva sede para continuar cumpliendo su labor. Este tiempo en ningún caso puede ser inferior de seis meses, tal como lo solicitan los accionantes.

Señaló que la situación que enfrentan los servidores de esta entidad les impedirá, en el inmediato futuro, cumplir cabalmente el ejercicio de la función de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

La Procuradora encargada manifestó, además, que ante la inminente terminación del contrato de arrendamiento este 31 de diciembre, “el país se vería abocado a una situación de desinstitucionalización, como quiera que el órgano de control fiscal no tendría lugar en el cual pudiese continuar desarrollando su función constitucional, lo que comporta adicionalmente una vulneración a los derechos de los ciudadanos”.

Así mismo, las actividades administrativas de las entidades en todos los niveles se verían seriamente afectadas, pues trámites como la expedición del certificado de antecedentes fiscales presentarían inconvenientes.

Justamente, la semana pasada, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, radicó una acción de tutela, con el fin de solicitar medidas cautelares urgentes y, de esta manera, evitar que las dificultades contractuales entre la Contraloría General de la República y la sociedad encargada de administrar la sede en la que funciona esa entidad afecten los servicios a los ciudadanos.

La medida busca garantizar que la administración pública no se vea paralizada por la imposibilidad de celebrar contratos y posesionar funcionarios a partir del 1º de enero, debido a la falta de los certificados de antecedentes fiscales que expide el ente de control.

Cabe recordar que hace dos semanas, el Consejo de Estado negó una acción de tutela con la que la Contraloría buscaba la prórroga del contrato alegando un supuesto estado de subordinación e indefensión. Según la Sección Primera, nada le impide al Contralor General de la República aceptar la oferta del arrendador de prorrogar el contrato en los términos originalmente pactados, “mientras el juez natural del contrato decide sobre la validez de las cláusulas”.