El Gobierno sancionó la ley que acelerará los procesos de expropiación por motivos de utilidad pública.

La nueva norma modifica la Ley de Infraestructura (Ley 1682 del 2013), con el fin de que los jueces puedan ordenar la entrega de los bienes inmuebles necesarios para proyectos de transporte, agua potable y saneamiento básico, en un término improrrogable de 10 días hábiles, bajo la condición de superar la etapa de oferta y negociación directa.

Una vez notificada la oferta, se entenderá iniciada la etapa de negociación directa, en la cual el propietario tendrá un plazo de 15 días hábiles para manifestar su voluntad de aceptarla o rechazarla.

El inicio del proceso de expropiación será obligatorio, si transcurridos 30 días hábiles desde la comunicación de la oferta de compra no se ha llegado a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria.

El precio de adquisición en la etapa de enajenación voluntaria será igual al valor comercial determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, los catastros descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones, señala la normativa.

(Congreso de la República, Ley 1742, dic. 26/14)

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