La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró a la Nación, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección responsables administrativamente por la muerte de Josué Giraldo Cardona (dirigente de la Unión Patriótica). Además, exhortó a la Fiscalía General a culminar la investigación penal que esclarezca y condene a todos los autores de este crimen. El alto tribunal profirió una condena por más de 4 mil millones de pesos, al encontrar que desde 1993 el dirigente político venía denunciando amenazas contra su vida, las cuales fueron puestas en conocimiento de organismos nacionales e internacionales, pero al momento de su muerte se encontraba sin ningún tipo de protección. Igualmente, señaló que este asesinato es una afrenta al ejercicio de los derechos de oposición política que degrada la confianza que las personas deben tener en las instituciones del Estado (C. P. Danilo Rojas Betancourth).