La Presidencia de la República publicó la Ley 1740, que hace más exigentes los procesos de inspección y vigilancia de la educación superior. La nueva regulación establece medidas preventivas y de vigilancia especial cuando una institución presente anormalidad en la prestación del servicio o irregularidades en su funcionamiento. Dentro de las medidas preventivas, el Ministerio de Educación podrá ordenar planes de mejoramiento que den solución a las situaciones de irregularidad, y vigilar su ejecución; exigir que las instituciones se abstengan de ofrecer programas sin el registro calificado; enviar delegados a los órganos de dirección; señalar correctivos para las irregularidades administrativas, financieras o de calidad; disponer la vigilancia especial, y defender los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en los programas. Esta ley establece que los estudiantes que hayan cursado uno o varios semestres en programas que no contaban con registro calificado en instituciones de educación superior que sean intervenidas por el Gobierno podrán presentar exámenes de ingreso a programas similares que sí cuenten con el respectivo registro. Sin embargo, la norma advierte que este beneficio solo tendrá vigencia por un año.