Está vedado al juez de tutela entrar a revisar las decisiones de los funcionarios ordinarios, amparadas por la autonomía.
La administración de una entidad no puede exigir al revisor fiscal un plan de trabajo detallado, ya que es una función autónoma e independiente propia de este rol.
Se revisó al alza la proyección de crecimiento económico para 2025, estimándola en 2,7 %.
Frente a productos digitales, el fenómeno debe ser interpretado con cautela, determinado un justo equilibro entre innovación y seguridad.
El valor humano de las profesiones no se pierde con la implementación de nuevas tecnologías, al contrario, se arraiga y se potencia.
Los delincuentes obtienen datos personales y simulan ser autoridades para cobrar por encomiendas falsas.
Entrega en adopción de un menor de edad y el retiro de su núcleo familiar debe ser la última alternativa de protección.
Tanto las instituciones educativas como las secretarías de educación deben obrar con la debida diligencia en todos los trámites relacionados con la prestación del servicio de educación.
La Ley 2480 de 2025 desarrolla un régimen especial en materia de servicios que suponen la entrega de un bien, ya regulado en la Ley 1480 de 2011.
El secreto profesional está en la mira, en una peligrosa tensión entre la eficacia procesal y las garantías fundamentales.
La defensa de los gastos ya no reside en la formalidad. La fiscalización exige prueba de la sustancia económica y del propósito de negocios.
Recientemente, el presidente de la República objetó esta iniciativa.
La nueva normativa consolida reglas de concesión, licencias y frecuencias en un marco unificado.
La jueza Sandra Heredia dejó claro que Juan Guillermo Monsalve nunca quiso retractarse.
Si las objeciones no son enviadas a tiempo se asumirá que no existen reparos y así se notificará al Presidente de la República.
Queda abierta la discusión sobre si estas reformas promueven la formalización del empleo o si introducen una rigidez normativa que podría desincentivar la contratación de aprendices.
La extensión de la garantía de doble conformidad a los fallos con responsabilidad fiscal es una reforma necesaria para salvaguardar el debido proceso de los investigados.
Uno de los aspectos más sensibles en esta materia es la prescripción de la acción de cobro y los límites de la ejecutividad del título tributario.
Entre 1995 y 2004 entregaron US $ 1.700.000 para financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El Ministerio de Educación deberá garantizar la formación docente y evaluar periódicamente las competencias socioemocionales.
Confirman suspensión de dos meses a abogada que, a pesar de recibir honorarios, se exculpó en la inexistencia de acuerdo.
DNP debe diseñar y expedir nuevo plan de extensión de cobertura de solidaridad pensional, que deberá entrar en vigor en 2026.
La ambición por abreviar la imposición de la pena en ocasiones parecen sacar de circulación principios y garantías del derecho penal.
La nueva directiva expedida, lejos de ayudar, termina haciendo más difícil el procedimiento.
El 2025 ha sido un año de crecientes tensiones comerciales y barreras al comercio internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos consolida la existencia del derecho humano a un ambiente sano.
La circular tiene como propósito unificar criterios en torno a la interpretación y aplicación de la reforma.
La ley destaca el papel del sector en la promoción de valores y la resolución pacífica de conflictos.
Cuidar esta relación no es tarea exclusiva del Gobierno: es un esfuerzo compartido que requiere preparación empresarial.
Una vez reformada la demanda, no solo decaen las pretensiones originales, sino que decaen todos aquellos actos procesales derivados o dependientes de estas.
El Congreso de la República cerró la legislatura 2024–2025 sin la expedición de una regulación integral sobre inteligencia artificial (IA), con lo cual, la tarea continúa pendiente.
La exención del impuesto de timbre no se aplica por analogía ni por naturaleza fiduciaria.
Según el ministro Eduardo Montealegre, en la versión errada del documento hay “muchas diferencias, desinformación y se falta a la verdad en algunos contenidos".
La Supernotariado intenta que los actos administrativos cumplan con estándares mínimos de precisión legal.
Los derechos y demás prerrogativas de la víctima en el proceso penal se han venido desarrollando a través de una densa y amplia jurisprudencia.
Las vacantes deberán incluir información detallada como cargo, salario, ubicación, cualificación y contrato.
Es el conjunto de indicios, revestidos de convergencia y gravedad, lo que debe convencer al sentenciador.
Conformarse con el simple testimonio es un error flagrante del investigador.
El Congreso de la República tiene la oportunidad de regular todo lo referente a los derechos políticos de todos los servidores públicos.
No se cumple el requisito esencial de bilateralidad (acuerdo de voluntades) propio de un contrato de compraventa.
La tecnología ha avanzado más rápido que nuestros marcos éticos, legales y de gestión.
El cuestionado sometió a la justicia a un desgaste innecesario, pues insistió sobre un asunto que ya había sido resuelto.
Entre el año 2020 y 2021 alrededor del 37 % de los casos de sucesión presentaron conflictos relacionados con la distribución de los bienes.
La reforma laboral de 2025 introduce cambios significativos en la regulación del acoso laboral en Colombia.
Se busca consolidar información estructurada sobre empleadores para mejorar la eficiencia del Servicio Público de Empleo.
La Ley 2387 de 2024 representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales en el ámbito sancionatorio ambiental.
La relación de conexidad no fue directa ni inmediata, teniendo en cuenta el contenido tributario de la norma.
A pesar de que han transcurrido casi 16 años desde su entrada en vigor, la eficacia en la judicialización de estos delitos continúa siendo limitada.
Los ingresos de establecimientos en zonas ZESE se suman a los de la sociedad principal y no generan tarifa fiscal distinta.
Se negó el reconocimiento por indebida notificación del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral.
Tienen razón quienes afirman que los museos no solo son micro foros de la democracia, sino espejos de la sociedad y funcionan de forma muy similar a las Constituciones Políticas.
Cuando se trata de normas restrictivas o prohibitivas que afectan derechos de tan alta importancia, deben estar prima facie consagradas por el legislador.
Los honorarios sin relación laboral deberán retenerse con base en el monto mensualizado, sin importar la frecuencia real del pago.
Los Estados tienen la obligación de asegurar que el lenguaje institucional no se convierta en un arma más de la confrontación política.
Los operadores de plataforma son aquellas entidades que tienen acuerdos con vendedores para poner a disposición de estos la totalidad o parte de una plataforma.
Este debate revela la imperiosa necesidad de reforzar las garantías de legalidad, equidad y previsibilidad en la relación entre el fisco y los contribuyentes.
La discusión del borrador de una regulación de este calibre debería estar acompañada por más divulgación y pedagogía.
Colombia cuenta con instituciones jurídico-políticas fuertes, las cuales han defendido el principio de separación de funciones del Poder Público.
Plataformas extranjeras con operaciones en Colombia también estarían obligadas a entregar información.
Esta decisión no solo esclarece un caso penal concreto, sino que aporta una herramienta de gran valor para el quehacer judicial.
La declaración surge tras una investigación del diario El País de España, que señala la existencia de un posible complot gestado desde EE UU.
La Junta Directiva del Banco reconoció nuevos riesgos que podrían ralentizar la convergencia de la inflación a la meta.
Del 2001 a la fecha, han sido sancionados 5715 abogados y 433 funcionarios judiciales. Suspensión es la sanción con más registro.
Con ocasión del mes del abogado, ÁMBITO JURÍDICO conversó con Carolina Porras, socia de PPU, acerca del crecimiento de la participación femenina en el ejercicio profesional.
680 jueces y magistrados participaron activamente respondiendo encuestas virtuales para la elaboración del documento.
La competencia para tramitar quejas de acoso sexual en el trabajo la tienen los comités de convivencia laboral o hay necesidad de crear nuevos comités?
Este libro se posiciona como un recurso académico realmente valioso para la enseñanza del DIH en facultades de Derecho y academias militares.
El derecho procesal se articula, se conecta o se junta con el derecho constitucional.
Es discriminatorio que, según la capacidad económica, se justifique que los usuarios solo accedan a una porción del internet.
En este marco, la interventoría emerge como un soporte técnico insustituible para la efectividad de dicha potestad.
Una planeación tributaria bien ejecutada también reduce de manera significativa los riesgos asociados a las solicitudes de devolución.
Reducir las barreras de entrada a estos proyectos no debe interpretarse como una renuncia a la protección ambiental.
Señaló que se siente irrespetado y denunció que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta por el alto tribunal.
Una reciente decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia generó gran revuelo en el mundo judicial y en el público.
Proteger a los niños implica ampararlos también del crimen organizado, de los entornos violentos, y de sí mismos cuando transgreden límites irreparables.
Se verificó el cumplimiento de los acuerdos y se destacó el comportamiento de altura y civilidad de las partes.
El proyecto propone clasificar software y cursos educativos digitales como uso comercial exento de IVA.
El 20 de junio de 2024, el Congreso expidió la Ley 2365 de 2024, sobre acoso sexual en el trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones que impuso la normativa y su reglamentación?
La norma fue expedida sin el concepto previo favorable del Senado de la República, dice la Sección Quinta.
Fredy Toscano, abogado y especialista en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, analiza qué ha pasado con Ley 2213 de 2022 en esta materia.
Jueces y comunidad deben comprender adecuadamente la injusticia de los actos y su reproche social.
A pesar de su solidez, las críticas al constitucionalismo transformador latinoamericano son de diversa índole.
La expresión “ilícitamente” es una fórmula de reenvío a una norma extrapenal claramente identificable.
Durante los últimos 20 años, el surgimiento y expansión de las plataformas digitales ha provocado una transformación profunda en sectores económicos como el mercado laboral.
En el constitucionalismo contemporáneo, el derecho no es un recurso del poder, sino su límite esencial.
La violencia y el abuso de poder no pueden ser la norma en un Estado que aspira a la paz y la equidad.
Confirman absolución a juez que concedió la pensión de jubilación convencional a 13 de 19 accionantes.
Quienes no asistan enfrentarán embargos, inclusión en el boletín de deudores morosos del Estado y continuidad de procesos penales.
A pesar del reconocimiento legal, el fuero de paternidad aún genera resistencias.
La violencia verbal afecta el corazón mismo de la institucionalidad. Primero, porque erosiona la confianza en los poderes públicos.
Secretaría Distrital de Hacienda recordó que los trámites son gratuitos y se realizan únicamente a través de canales oficiales.
El proyecto estará abierto a comentarios hasta el 16 de junio del 2025.
Causal de anulación debe soportarse en criterios ciertos, claros, específicos y demostrados, no simplemente conjeturas.
Promueve la inclusión de expresiones como el arte digital, callejero y comunitario.
Congreso deberá regular procedimiento sobre entrega y socialización de resultados médicos y derechos del paciente.
ÁMBITO JURÍDICO conversó con José Reyes Rodríguez Casas, director ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.
Publican fallo que exhorta a la Corte Suprema a modificar precedente sobre el alcance y contenido de este derecho.
UARIV negó a comunidad indígena víctima de desplazamiento inscripción como víctima.
En un entorno digital se necesitan reglas de juego que se puedan cumplir y hacer cumplir de manera práctica y sencilla mediante procesos simples.
Fiscalía advierte sobre graves implicaciones de esta conducta.
Una de las novedades del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social es la incorporación de un proceso especial de protección de derechos sindicales.
La sola infracción del deber objetivo de diligencia o lealtad no basta para declarar su responsabilidad civil.
La Sentencia C-206 de 2025 plantea una tensión real entre el ideal de un internet completamente neutral y el derecho concreto de las personas a estar conectadas.
La Carta Política le atribuye a la Corte Constitucional la competencia de decidir sobre la constitucionalidad de las consultas populares del orden nacional por vicios en su convocatoria y realización.
Se trata de 77 artículos, dos más que los aprobados por la Comisión Cuarta del Senado.
Este tipo de intervenciones compromete seriamente la seguridad jurídica del país, debilita el Estado de derecho y siembra un precedente riesgoso sobre los límites del poder público.
Restricción de acceso a los perfiles de los congresistas vulnera, en principio, libertad de expresión y acceso a información pública.
La sentencia STP5195-2025 de la Sala de Casación Penal reafirma el derecho fundamental del indiciado a acceder a la noticia criminal durante la indagación preliminar.
La entidad competente y responsable para contestar si se accede o no a la opción privilegiada de compra es la ANT.
El Estado debe garantizar que no existan desigualdades en la posibilidad de producir, consumir y circular información.
Si los dineros obtenidos mediante inscripciones son insuficientes, el presupuesto general de la Nación cubrirá la diferencia.
No se logró acreditar en grado de certeza que el decreto cuestionado fuera manifiestamente contrario a la ley.
Se trata de la primera vez que un despacho líder colombiano se fusiona con una firma iberoamericana.
Debe recordarse que los modelos de IA no razonan ni interpretan normas jurídicas.
El ministro Benedetti informó que entre el 2 y el 9 de junio se definirá la convocatoria.
Exequible el artículo 14 de la Ley 2082 del 2021 por no infringir el principio de unidad de materia.
Las providencias cuestionadas no riñen con la normativa colombiana, en especial con lo previsto en el Código Civil.
La complicidad se configura cuando una persona contribuye material o moralmente a la comisión de un delito, sin tener control total sobre el hecho.
La empresa estatal pidió transparencia y evitar especulaciones para proteger a los usuarios.
El Consejo Superior de la Carrera Notarial modificó el cronograma del proceso de ingreso a la carrera notarial.
Confirman destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas a docente acusado por actos sexuales abusivos.
Publican texto del fallo que declaró inexequible el artículo 261 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Texto del fallo que declaró inexequible artículo que denominaba como servicio público esencial el registro de propiedad inmueble.
El instante en que se entiende causado el tributo no se supedita a la realización fiscal del ingreso, sino al consumo.
La Sala Penal negó la nulidad del proceso solicitada por ella y por Bernardo Moreno Villegas, exdirector del DAPRE.
El proyecto está, en líneas generales, muy bien estructurado y logra consolidar los aspectos más relevantes a tener en cuenta en una regulación integral en la materia.
Se declaró la existencia de un contrato a tiempo completo y la ineficacia de la renuncia de la accionante.
La nueva resolución especifica las condiciones para mantener o suspender la autorización, buscando mayor claridad en el proceso.
Uno de los pilares que sustentan la presunción de inocencia es el principio de ‘in dubio pro reo’, que establece que las dudas deben resolverse a favor del procesado.
Esta nueva opción de alto nivel y preparación académica busca responder a los retos jurídicos y políticos actuales, cada vez más complejos y exigentes.
La firma electrónica tendrá validez legal y podrá sustituir la firma manuscrita.
El Consejo de Estado recordó fallo de unificación que dispone las reglas sobre el alcance de la sujeción pasiva.
No se trata del surgimiento de nuevos conceptos u obligaciones para las compañías, ni tampoco de un “cambio” en el manejo de las incapacidades de los trabajadores.
Disposiciones presupuestales o ejecutivas deben ser idóneas para garantizar las metas, objetivos o estrategias del plan.
Recordó que todos los pasos necesarios para la carga individual o masiva están disponibles en línea.
Más de 3 millones de niños han sido reconocidos oficialmente como víctimas del conflicto armado en Colombia.
Garantías constitucionales de los menores no dependen de las vivencias y experiencias de vida de sus progenitores.
El producto interno bruto crecería un 2,6 % en 2025 y un 3 % en 2026, de acuerdo con las proyecciones entregadas por el Emisor.
La corrupción, más allá de ser un fenómeno puntual o un problema exclusivo de ciertos países, es un mal estructural, profundo y devastador.
Estamos llegando a un punto en el que cualquier dato puede llegar a considerarse un dato personal.
Tenemos casi un año para comprender cómo este nuevo código redefine la prevención, mitigación y solución de los conflictos laborales.
Se sugiere a los centros de arbitraje que se creen listas especializadas de árbitros con experiencia en libre competencia.
El consumidor es llevado a escenarios dispuestos especialmente para aminorar su capacidad de discernimiento.
Resulta infructuoso escudriñar intenciones de entes en abstracto, sin referencia a la voluntad concreta de sus agentes.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (28 de abril al 2 de mayo).
Enajenadores de inmuebles tienen hasta hoy para presentar estados financieros
Los neobancos aún enfrentan importantes desafíos hacia el futuro. Entre ellos, se destaca la necesidad de adaptarse a un entorno regulatorio exigente como el colombiano.
Cuando no hay acuerdo entre las partes, el trámite debe llevarse ante un juez de familia.
He tenido la posibilidad de trabajar con empleadores en la implementación de mecanismos y rutas de apoyo para sus trabajadores.
El jefe de Estado defendió que tanto el Gobierno como los ciudadanos pueden solicitar la consulta al Senado sin infringir la ley.
El FMI se erige como uno de los pilares fundamentales de la arquitectura financiera internacional, institución nacida en la Conferencia de Bretton Woods de 1944.
La contratación con enfoque de género, donde al menos el 60 % sean mujeres o personas trans, permitirá acceder a mayores beneficios.
En lugar de centrarse solo en la defensa legal, las empresas creativas pueden adoptar estrategias de negocio proactivas para gestionar el riesgo de forma diferente en este nuevo panorama.
La norma acusada está prevista en el artículo 74 (parcial) del Decreto 1523 de 2024.
Esta norma establece incentivos tributarios y administrativos para fomentar la vinculación de entidades y organizaciones a los programas productivos carcelarios.
Debemos fortalecer la autoridad estatal en todo el territorio, combatir el crimen de manera eficaz y hacerlo bajo el derecho internacional.
¿De qué sirve ratificar instrumentos internacionales que prohíben la tortura si, en la práctica, el Estado no transforma las condiciones estructurales que la posibilitan?
Sin duda alguna, la decisión del Consejo de Estado marca un precedente.
La norma demandada interesa a la esfera particular de la actora y no busca satisfacer intereses públicos y sociales.
El hecho de que ya no fuera trabajadora activa no autoriza a desconocer el derecho al trabajo y a vivir una vida libre de violencias.
La figura de la evasión tributaria pasó de ser una infracción meramente administrativa a un delito con pena privativa de la libertad.
Estos criterios deberían implementarse en las 14 selecciones para altas cortes que ocurrirán en lo que resta del 2025.
La consulta será entregada al Senado con una delegación diversa, tras una manifestación en Bogotá.
La estrategia de introducir garantías normativas y judiciales para la protección de la democracia no es nueva en el derecho constitucional.
La iniciativa propone modificar la jornada laboral nocturna adelantándola a las 7 p. m.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (11 al 16 de abril).
El aparte cuestionado vulneró el principio de legalidad, pues usurpa competencia asignada por la ley a otra autoridad.
La atribución de la culpa del contenido que consumen los menores de edad no puede ser atribuida a un titular de una obra musical.
Deberá presentar queja ante el proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que tuvo noticia de la operación.
Pronto, no bastará con leer el contenido; habrá que leer la advertencia. Porque entre la verdad y la simulación, esa pequeña frase podría ser nuestra única defensa.
El caso Watson es un ejemplo más de cómo el uso amplio de IA por las entidades gubernamentales todavía tiene que alinearse con la discusión local y regional.
Aunque la jurisprudencialización del Derecho puede ser útil para adaptar el sistema jurídico a las necesidades sociales, debe ser manejada con cautela.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Wilson Ramos, profirió sentencia de unificación sobre el tema
Es necesario repensar desde una visión ontológica la naturaleza de los medios para hacer cumplir los contratos estatales, priorizando su concepto, alcance y consecuencias.
El aporte o la solicitud de pruebas por parte del contratista constituye una garantía de su derecho de defensa.
El 27 de marzo de 2025, la Sala de Casación Civil profirió una sentencia que reformula la manera como se estudiaba la responsabilidad civil en Colombia.
Ley 1959/19 incluyó eventos en los que se condena a quien maltrata a personas que no hacen parte del núcleo familiar.
Se vulneró la dignidad de niñas, niños y adolescentes, según el Consejo de Estado.
Esta disposición establece una figura que ha sido objeto de debate y análisis en cuanto a su interpretación y aplicación: la renuncia tácita.
El Congreso debería aprobar la consulta a pesar del riesgo que implica la redacción de las preguntas, sin que exista un control judicial previo, como se ha indicado en precedencia.
Colombia no cuenta con una regulación sobre el tema, pero existen parámetros constitucionales y legales que deben ser tenidos en cuenta.
La iniciativa busca reducir la brecha de género en el sector agropecuario y fortalecer la participación económica de las mujeres en el campo.
La iniciativa tiene como propósito definir criterios claros para la realización de estos procedimientos.
La Ley 1661 de 2013 aprobó la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal.
Esta cifra refleja un crecimiento sostenido en la extracción y el transporte de crudo.
Manizales, Ibagué y Neiva destacaron como las ciudades con mayor crecimiento en ventas.
Esta información debe presentarse antes de la declaración de renta y la entidad tiene disponibles sus servicios digitales para hacerlo a partir de este 28 de marzo.
Hay que revisar los conceptos básicos que nos permitan definir con claridad cuándo estamos ante un servicio de computación en la nube.
Las transacciones de M&A conllevan diversos riesgos de carácter penal que deben ser evaluados cuidadosamente durante el proceso de debida diligencia.
Siempre es necesario hacer un uso ético y responsable de estas herramientas tecnológicas.
Más de 3.000 jóvenes egresados del ICBF tendrán acceso a estudios superiores, garantizando su inclusión social y profesional.
En decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia, se establece el escenario, en materia de libertad por vencimiento de términos, cuando ciertos procesados (no todos) aceptan los cargos.
El reporte debe ser presentado por los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a llevar contabilidad.
Sin duda, Colombia necesita un cambio, pero las transformaciones requeridas no pueden construirse así.
No se han adelantado acciones para determinar la habitabilidad de las viviendas, el nivel de riesgo y si este es mitigable.
Recientemente, se definieron los alcances del control judicial sobre la acusación en el marco del procedimiento adversarial del sistema de justicia transicional.
Por el bien de la comunidad empresarial y la seguridad jurídica, deberían promoverse espacios de coordinación interinstitucional en esta materia.
Las modificaciones incluyen la corrección de una referencia errónea a la Ley 2242/22, que carecía de contenido normativo autónomo.
Para asegurar la validez de las decisiones de las reuniones del máximo órgano social, es esencial una convocatoria correcta según la ley.
En la actualidad, el reconocimiento legal y judicial de los derechos de la naturaleza se ha centrado especialmente en la declaratoria de ríos como sujetos de derecho.
