Un juzgado penal especializado de Antioquia condenó a 11 años y 3 meses de prisión a directivos y funcionarios de empresas bananeras investigados por financiar el paramilitarismo en la región de Urabá, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de financiar, promover y organizar grupos al margen de la ley.

Según la Fiscalía General de la Nación, entre 1995 y 2004, los empresarios de Chiquita Brands y sus empresas filiales entregaron US $ 1.700.000 a las AUC a cambio de seguridad para sus cultivos, instalaciones y trabajadores.

El fallo es contra directivos de Banadex y Banacol e incluye multa de 7.950 salarios mínimos mensuales para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 135 meses.

La legalización de los pagos se hizo a través de servicios prestados de protección y vigilancia que realizaron siete cooperativas de vigilancia y seguridad privada conocidas para la época como Convivir.

Los recursos obtenidos fueron destinados para financiar la expansión del paramilitarismo en la región con el homicidio de líderes sociales y campesinos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado y la compara de 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos. (Lea: El veredicto histórico contra Chiquita Brands)

Este fallo se suma a la decisión de la justicia de EE UU que declaró culpable a Chiquita por financiación del paramilitarismo. La compañía ya se había declarado culpable por entregar dinero a las AUC, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense la investigara.

El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita no demostró que la asistencia que brindó al grupo paramilitar para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una amenaza ilegal, inmediata e inminente por parte de este grupo terrorista. (Lea: Declaran a Chiquita Brands responsable de financiar el paramilitarismo en Colombia)

Es decir, la ayuda de Chiquita a las AUC constituyó una actividad peligrosa que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos. 

La multinacional fue condenada a pagar US $ 38,3 millones a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo.

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