uan José Ojeda Perdomo

Magíster en Derecho Empresarial

La evolución tecnológica que vivimos actualmente plantea interrogantes de gran relevancia para el mundo jurídico. Dentro de ese fenómeno, la inteligencia artificial (IA) se posiciona como uno de los desarrollos más disruptivos para el ejercicio del Derecho. Ya no se trata de una herramienta opcional o futurista; su presencia empieza a permear múltiples dimensiones del trabajo jurídico, desde lo más técnico y procedimental hasta lo más sustantivo y dogmático.

En este contexto, el Derecho se enfrenta a la necesidad de adaptarse sin renunciar a sus fundamentos. La incorporación de sistemas de IA en la práctica profesional no debe entenderse como una amenaza a la labor del jurista, sino como una transformación estructural que exige un cambio de enfoque, actualización normativa y una formación interdisciplinaria más robusta. La tecnología, bien utilizada, puede convertirse en un instrumento de fortalecimiento institucional, acceso a la justicia y eficiencia procesal.

Entre las aplicaciones más comunes de la IA en el ámbito jurídico se destacan los sistemas de procesamiento de lenguaje natural, capaces de redactar documentos jurídicos, analizar contratos, compilar jurisprudencia o sistematizar grandes volúmenes normativos. De igual forma, se han desarrollado herramientas predictivas basadas en machine learning, las cuales permiten identificar patrones decisionales en fallos judiciales, estimar probabilidades de éxito en litigios o sugerir estrategias argumentativas. Este tipo de recursos tiene un alto valor operativo, pero requiere una lectura crítica y jurídica que evite el uso acrítico o mecánico de sus resultados.

Debe recordarse que los modelos de IA no razonan ni interpretan normas jurídicas. Lo que hacen es identificar patrones lingüísticos y estadísticos a partir de grandes bases de datos. Por tanto, el contenido generado por estas herramientas puede presentar errores, sesgos, o asumir criterios ajenos al sistema jurídico colombiano. En este sentido, su uso debe estar sujeto a verificación, control profesional y un marco ético que garantice la fidelidad al ordenamiento jurídico y a los derechos de los usuarios.

Un aspecto especialmente sensible es el posible uso de la IA en la administración de justicia. Algunos sistemas en el ámbito internacional ya han sido implementados para asistir en decisiones judiciales, calcular penas, medir riesgos de reincidencia o recomendar soluciones en procesos civiles. Si bien en Colombia aún no existe una adopción normativa integral en esta materia, el debate resulta ineludible. La función jurisdiccional implica la ponderación de principios, el análisis contextual y la motivación de decisiones conforme a criterios constitucionales. Cualquier delegación de esta tarea a sistemas automatizados debe considerar garantías como la trazabilidad algorítmica, la transparencia en la lógica de programación y el respeto del debido proceso.

Desde una perspectiva propositiva, la IA puede facilitar la democratización del conocimiento jurídico, mejorar los tiempos de respuesta de los despachos judiciales y ampliar el acceso a servicios jurídicos por parte de la ciudadanía. También abre nuevas oportunidades para el ejercicio profesional, especialmente en áreas como la consultoría en tecnología legal (legaltech), el desarrollo de productos jurídicos digitales, la automatización de procesos corporativos o la enseñanza especializada en derecho y tecnología.

No obstante, esta transición requiere ajustes normativos que acompañen de manera responsable su implementación. Resulta indispensable una regulación que delimite responsabilidades frente a la toma de decisiones automatizadas, que prevenga sesgos algorítmicos y que proteja la información personal de quienes interactúan con sistemas inteligentes. De igual forma, se hace necesario el fortalecimiento de capacidades institucionales para enfrentar los retos jurídicos de la era digital, así como la actualización curricular en las facultades de Derecho, incorporando competencias tecnológicas, fundamentos de programación, ética digital y análisis de datos.

La IA no suplirá al jurista, pero sí transformará la forma en que este ejerce su función. En esa medida, es preciso entender que el nuevo perfil del abogado no será solo el del conocedor del Derecho, sino el del profesional que articula dicho conocimiento con la comprensión de herramientas tecnológicas, con pensamiento estratégico y visión interdisciplinaria.

En suma, el avance de la IA impone al Derecho el desafío de reinventarse sin abdicar de sus valores esenciales. Ignorar esta transformación sería desconocer el espíritu dinámico del Derecho como fenómeno social. Asumirla con rigor, criterio técnico y vocación humanista es el camino para consolidar un ejercicio jurídico pertinente y eficaz en el siglo XXI.   

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