Juan Carlos Portilla
Profesor de Derecho Financiero Internacional de la Universidad de la Sabana

He tenido la oportunidad de trabajar tanto para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como para la banca multilateral, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, y de enseñar Derecho Financiero Internacional y Hacienda Pública. Siempre le digo a mis estudiantes, a quienes les inculco el papel protagónico del análisis económico del Derecho, que los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), juegan un rol decisivo en el desarrollo económico de Colombia.

La reciente suspensión de la Línea de Crédito Flexible (LCF) de 8.100 millones de dólares para Colombia por parte del FMI ha encendido las alarmas en los mercados financieros internacionales. El Gobierno Petro enfrenta un déficit fiscal de un 6,8 % del Producto Interno Bruto (PIB). La LCF, que desde 2009 funcionó como un “seguro” económico, es evaluado en el marco del proceso de consultas del artículo IV del convenio constitutivo del FMI. Dicho mecanismo, fundamental en la supervisión macroeconómica, permite al organismo revisar anualmente las políticas fiscales y económicas de sus Estados miembros; en el caso colombiano, la ausencia de un plan fiscal creíble ha motivado la decisión de suspender la LCF, lo cual amenaza con deteriorar la calificación de la deuda soberana y aumentar los costos de financiamiento en un contexto de alta incertidumbre global. La gran pregunta para Petro es cómo su gobierno va a equilibrar ese déficit del 6,8 % de nuestro PIB: ¿con disminución de gasto público?, ¿con un aumento del ingreso a través de una reforma tributaria?

El FMI se erige como uno de los pilares fundamentales de la arquitectura financiera internacional, institución nacida en la Conferencia de Bretton Woods de 1944. En ese histórico encuentro, representantes de 44 naciones establecieron las bases para un orden económico global tras las crisis de entreguerras, sentando así las bases para un sistema de cooperación monetaria y financiera que aspiraba a evitar futuras catástrofes económicas. El FMI, creado en ese contexto, se rige por un convenio constitutivo que, en esencia, es un tratado internacional; esta característica jurídica le otorga una naturaleza dual: por un lado, actúa como prestamista de última instancia en momentos de crisis, y por otro, se erige como garante de la estabilidad económica mundial mediante la implementación de estándares rigurosos.

Desde una perspectiva jurídica, esta regulación basada en el derecho financiero internacional se traduce en condiciones y recomendaciones prácticas para los Estados miembros. Los términos del convenio constitutivo obligan a los países a someterse a procesos de consulta –como el previsto en el artículo IV– en los que se evalúa la sostenibilidad de sus políticas fiscales y económicas, identificando riesgos y promoviendo reformas necesarias para mantener el equilibrio macroeconómico. Este mecanismo de supervisión y asesoría se convierte en una herramienta de disciplina y transparencia, asegurando que la cooperación internacional se fundamente en prácticas económicas sólidas y en el respeto a las normas establecidas en el ámbito del derecho internacional.

En síntesis, la evolución desde Bretton Woods hasta el presente demuestra que el FMI no solo es un actor financiero, sino también un ente regulador cuyo marco jurídico obliga a los Estados a adoptar políticas coherentes y responsables. Así, el derecho financiero internacional se manifiesta en la práctica como un instrumento esencial para garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible del sistema económico global.

Ante esta coyuntura, el Gobierno colombiano se encuentra frente a un desafío mayúsculo: debe formular y presentar un plan fiscal robusto y creíble que recupere la confianza de los mercados internacionales. La revisión en el marco del artículo IV es la oportunidad para transformar el proceso de cumplimiento burocrático en un ejercicio estratégico orientado a generar resultados y a fortalecer la resiliencia económica del país.

En definitiva, la suspensión de la LCF representa mucho más que una medida de ajuste financiero; es un llamado urgente a la disciplina fiscal y a la modernización de las políticas públicas. Solo a través de reformas estructurales que respondan a los nuevos retos globales, y con el apoyo de un sistema de datos unificado, Colombia podrá asegurar el respaldo internacional que toda economía moderna requiere en tiempos de incertidumbre.

Para concluir, El FMI se rige, en efecto, por un convenio constitutivo, lo cual lo convierte en un tratado internacional regido por el derecho internacional. Esta característica subraya la importancia de respetar las condiciones y las recomendaciones emanadas de estas consultas del FMI, para que nuestro país pueda avanzar en la consolidación de un marco económico sostenible y competitivo.  

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.