El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el presidente Gustavo Petro tendrá entre el 2 y el 9 de junio para expedir un decreto que convoque a una consulta popular, si el Congreso no se pronuncia antes del 1° de junio del 2025.

Según el funcionario, la ley permite al Ejecutivo emitir el decreto en los ocho días posteriores al vencimiento del plazo para que el Legislativo dé su concepto. Aunque aún no hay un borrador oficial del decreto, el Gobierno está evaluando cuál sería la mejor fecha para llevar a cabo la convocatoria.

12 preguntas laborales concentran el contenido de la consulta ciudadana

La consulta popular incluiría 12 preguntas dirigidas a la ciudadanía sobre temas laborales. Entre ellas están la jornada laboral máxima de ocho horas diurnas, el pago completo por trabajo dominical y festivo, incentivos para microempresas y contratos laborales para aprendices del Sena. También se proponen medidas sobre seguridad social para trabajadores de plataformas digitales, formalización del trabajo doméstico, eliminación de la tercerización y creación de un bono pensional para campesinos, entre otros puntos. (Lea: Gobierno expide circular que garantiza derecho a participar en jornadas de movilización del 28 y 29 de mayo)

Consejo de Estado revisará legalidad de la votación en el Senado

En paralelo, el Consejo de Estado admitió una demanda contra el procedimiento mediante el cual el Senado negó el concepto favorable a la consulta. La acción judicial, presentada por Raymundo Francisco Marenco, alega irregularidades como la abstención de un senador, el impedimento de voto de dos congresistas y la supuesta alteración del sentido de un sufragio después del cierre. El demandante sostiene que la votación, celebrada el 14 de mayo, no refleja la totalidad de los votos posibles, lo que habría vulnerado las normas legales.

La decisión del Senado podría ser anulada por vicios de procedimiento

La demanda se apoya en normas de la Ley 5ª de 1992 y plantea que el acto del Senado puede ser declarado nulo por afectar derechos fundamentales del proceso legislativo. El Consejo de Estado consideró que, aunque se trata de un acto de trámite, al tener efectos electorales se convierte en un acto definitivo susceptible de revisión judicial. Por ello decidió asumir la competencia y evaluar la legalidad de lo ocurrido durante la votación en el Congreso.

El Ejecutivo insiste en avanzar con la consulta como alternativa legislativa

El ministro Benedetti reiteró que ante la falta de acción del Congreso el Gobierno contempla varios planes para garantizar derechos laborales. Entre ellos está la insistencia en reformas como la del Partido Liberal, además de la reactivación de la reforma laboral impulsada con el respaldo del Pacto Histórico. A pesar de los avances legislativos, el Ejecutivo mantiene su intención de convocar la consulta popular como un mecanismo directo de participación ciudadana, en busca de respaldo social a sus propuestas.

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