El funcionario judicial debe hacer una interpretación racional de los requisitos de la demanda, para no imponerle al demandante mayores exigencias que las contenidas en la ley.
Esa disposición constituye una limitación razonable y proporcional del derecho a la intimidad, porque busca perseguir y sancionar las conductas que violen bienes jurídicamente tutelados.
La notificación puede realizarse por la forma que sea más expedita y eficaz, al punto que la comunicación personal no es una camisa de fuerza para el juez.
Las personas que solo han sido censadas para optar a programas de vivienda gratis no tienen un derecho o expectativa que pueda ser objeto de protección por vía de tutela.
El Ministerio de Educación insiste en desconocer la ratio decidendi de sentencias de tutela, al negar convalidación cuando un diploma tiene esta categoría, indicó la Corte Constitucional.
El Tribunal Constitucional de Perú ratificó ayer la condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad dictada en contra del expresidente peruano en el 2009
En su calidad de representante del Estado en el proceso ejecutivo, el juez debe verificar que los documentos aportados como título cumplan los requisitos legales.
El amparo por vía de tutela se concede de forma transitoria, mientras el juez natural decide a quién designa como responsable del cobro de las mesadas pensionales.
Si entre la fecha de estructuración y la calificación se conservan las capacidades funcionales y productivas, es posible seguir haciendo aportes al sistema de seguridad social.
Según el mandatario, el compromiso de las FARC con el cese el fuego es una muestra del avance de las negociaciones que, desde noviembre del 2012, se llevan a cabo en La Habana.
El profesor Restrepo Piedrahita dijo que la clase política no es menos indispensable, ni menos creadora que las otras clases que se reparten las diferentes tareas de la vida social.
El Ejecutivo debe consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
Los investigadores escucharán a los funcionarios que ordenaron el pago de salarios, bonificaciones y primas a los servidores que se encuentran en cese de actividades.
Desde el 2005, la ley francesa reconoce el derecho a “dejar morir”, suministrando tratamientos contra el dolor. Sin embargo, la eutanasia activa y el suicidio asistido siguen prohibidos.
Esta cifra tuvo en cuenta la participación de los funcionarios y empleados, las audiencias que se dejaron de realizar y los procesos que quedaron pendientes.
El presidente de Palestina, Mahmud Abbas, anunció la intención de su país de adherirse a ese tribunal, en el marco de la lucha de su Estado por defender su soberanía.
Tratándose de personas de la tercera edad, la tutela se convierte en un mecanismo principal de protección, cuando se acredita la afectación del mínimo vital u otros derechos constitucionales.
La Corte Suprema de Justicia, en reciente pronunciamiento, advirtió que las solicitudes de libertad por vencimiento de términos se pueden tramitar mediante hábeas corpus.
De manera previa a las votaciones, el acuerdo final para la terminación del conflicto armado deberá ser publicado y difundido para conocimiento de los ciudadanos.
La nueva regulación establece medidas preventivas y de vigilancia especial cuando una institución presente anormalidad en la prestación del servicio o irregularidades en su funcionamiento.
Quienes asumen la defensa judicial de estos actos deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, advirtió el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado negó la impugnación del fallo de tutela que respaldó la realización de la exposición Mujeres ocultas en el Museo Santa Clara, de Bogotá.
El uso del calificativo “inmoral” es válido, siempre y cuando se entienda relacionado con la moral social, prevalente en la comunidad, más allá de conceptos subjetivos.
Desde este viernes y hasta el reintegro de los empleados, en el 2015, se mantendrán suspendidos los términos en todos los expedientes a cargo de los despachos.
El vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad.
El programa constitucional ya no es un asunto propio o exclusivo del Estado frente a los ciudadanos, sino que compromete en sus acuerdos privados a los particulares.
Mientras no exista un estatuto específico para maestros aborígenes, sus nombramientos deben sujetarse a la concertación con las comunidades, indicó la Corte Constitucional.
Los efectos generados por la norma hasta la declaratoria de inconstitucionalidad son válidos y, por ende, el juez administrativo no puede desconocer que las consecuencias son hacia el futuro.
El concepto emitido por ese alto tribunal precisa que la manera más adecuada para liquidar el valor de las reparaciones es la aplicación de la tasa de interés efectivo anual.
Si el cese de actividades se extiende hasta el inicio de la vacancia judicial, el próximo viernes, este cálculo superaría los 100.000 millones de pesos.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, agradeció a los legisladores por aprobar las reformas constitucionales de equilibrio de poderes y a la justicia penal militar, en primera vuelta.
El derecho procesal no puede constituirse en un impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe procurar la realización de los derechos materiales.
La ley entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables.
Se implementarán estrategias de atención integral que les permitan el acceso a la educación inicial a los niños que conviven con sus madres en esta situación.
El aparte demandado podía controvertir el mandato del artículo 90 de la Constitución, que obliga a repetir contra los funcionarios a quienes se les compruebe dolo o culpa grave.
A las jornadas podrán asistir todas las comunidades que se consideren con derecho a participar en el proceso, sean rurales o urbanas, con independencia de la forma organizativa que hayan adoptado.
Negar la inscripción del registro civil desconoce los derechos fundamentales del menor y le impide ingresar al mundo jurídico como sujeto de derechos y obligaciones.
No es viable que, mediante un fallo de tutela, se condicione el actuar de las autoridades judiciales y administrativas que se encuentran efectuando las diligencias propias de su competencia.
El servidor público no es, como pareciera que lo entienden algunos, un ciudadano de mayor categoría, sino apenas el puente que permite articular el poder estatal con las necesidades colectivas.
La Corte Constitucional negó la solicitud de nulidad de un fallo de tutela que ordenó el reintegro de un funcionario de libre nombramiento y remoción declarado insubsistente.
El arreglo se dio horas después de que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura anunciara que no se les pagarían salarios a los funcionarios que se mantengan en paro.
La propuesta, presentada por la Fiscalía General de la Nación, busca garantizarles la doble instancia a los sujetos procesales amparados con fuero constitucional.
La Corte Constitucional le devolvió al individuo el manejo de su propia vida, al convertirla en un derecho y no en una obligación, afirma este médico, conocido como Doctor Muerte.
Los errores en las bases de datos que dificultan la identificación de los usuarios son faltas atribuibles a esas entidades, que no pueden ser trasladadas a los interesados.
La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia le rinde un homenaje a uno de sus egresados más destacados del siglo XX.