La Procuraduría enumeró varias dificultades y falta de gestión de los entes territoriales para asegurar el retorno de las familias a las tierras objeto de despojo, en el marco de la Ley 1448 del 2011. A su juicio, falta mayor coordinación entre las entidades del orden nacional y las locales que, además, en criterio del Ministerio Público, han demostrado falta de voluntad política en esta materia. Entre sus consideraciones se cuenta la falta de ejecución de programas contemplados para el desarrollo de los fines de la ley, que además se han visto enfrentados al déficit presupuestal.