El Consejo de Seguridad aprobó la resolución propuesta por el Secretario General de la ONU. La misión operará en 40 lugares, que incluyen una oficina principal y ocho regionales, y una en cada una de las zonas transitorias.
Se trata del ejercicio de un derecho eminentemente privado, sin que implique el cobro de un impuesto o tributo, precisó la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
La jurista se posesionó hoy en la Fiscalía como la directora de la Unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, creada con los acuerdos de La Habana.
Recientemente la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional dio a conocer una decisión de tutela en la que se analizaron conjuntamente dos casos en los que se aducían que dicho organismo habría vulnerado derechos fundamentales.
Por regla general, la Corte Suprema de Justicia es quien posee la competencia para elegir a dos de los seis miembros de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; sin embargo, existen excepciones sobre esta facultad.
En la dinámica del sistema de juzgamiento de la Ley 906 del 2004 esta conducta no siempre puede configurar una vulneración a los principios de inmediación y concentración.
En el comunicado de la Sentencia C-486 del 2016, la Corte Constitucional dio a conocer las consideraciones que tuvo en cuenta para la decisión que retiró del ordenamiento jurídico el artículo 89 de la Ley 1769 del 2015.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que los excesos de renta constituyen un derecho que se genera para la sociedad beneficiaria por la transmisión del patrimonio.
Ámbito Jurídico le cuenta el estado actual de la iniciativa que busca regular el incremento del salario de los congresistas y que pretende poner el límite en la tasa de inflación anual.
Una sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado explicó las garantías y prestaciones económicas y asistenciales que brinda la ley al empleado incapacitado.
Aportes en salud tienen una destinación específica y un carácter parafiscal, es decir, son de obligatorio pago y recaudo, independientemente de que se haya prestado o no el servicio de salud.
La única consecuencia de dicha adscripción radica en que este tipo de entidades cumplen sus funciones bajo la vigilancia y orientación de un organismo principal, advierte el fallo.
La Corte Constitucional publicó el texto de la Sentencia C-221 del 2016, que declaró inexequible el inciso 7° del artículo 20 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.
Tenga en cuenta que si se reincide en esta conducta el ordenamiento jurídico dispone la cancelación de la tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
La información se entregará a la Jurisdicción Especial para la Paz, como quedó consignado en los acuerdos de La Habana (Cuba). La entidad creó equipos especializados de trabajo para agilizar el proceso.
La Sala Penal de la Corte Suprema reiteró que todas las personas condenadas, aun por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, pueden acceder a dicha figura.
Si el empleador tiene la intención de despedir a una persona en estas condiciones debe solicitar permiso al Ministerio del Trabajo, recordó la Corte Constitucional.
Fue admitida en la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad que ataca varias disposiciones de la Ley 1799 del 2016, sancionada hace menos de dos meses.
Es obligación a cargo tanto del productor como del proveedor responder por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los productos y servicios.
Las entidades deben garantizar que se conserve no solo el poder adquisitivo del salario, sino su incremento asegurando ingresos acordes con la naturaleza y valor propio del trabajo.
A través del comunicado sobre la Sentencia C-469 del 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional informó sobre una acción de inconstitucionalidad que pretendía la inexequibilidad parcial del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal.
La celebración del acuerdo obliga a las partes que lo suscriben, teniendo en cuenta que, en ejercicio de la voluntad privada, las mismas definen la manera de materializarlo
La ponencia rescata los comentarios de la audiencia pública sobre el proyecto, así como precisa que la adopción no es un derecho constitucional, como sí lo es la protección de los menores.
Un auto del consejero Gabriel Valbuena sobre la Convocatoria 22 ordena cumplir estrictamente la tutela del Consejo de Estado, se hacen precisiones a la Unidad Administrativa de Carrera Judicial.
Una directiva de la Presidencia de la República y otra del Ministerio Público, expedidas esta semana, se contraponen en temas sensibles, como el uso de recursos públicos, la jornada laboral de los servidores y la divulgación de las campañas.
Según el accionante, un modelo mixto en investigaciones disciplinarias afecta los principios básicos de la configuración de la estructura del sistema judicial.
La iniciativa radicada ante el Senado cubre desde la autorización taxativa de las entidades habilitadas para otorgar este tipo de créditos hasta el régimen de vigilancia de las operadoras.
La posibilidad de arreglar el conflicto por esta vía no hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso, indicó la Corte Constitucional.
Las Fuerzas Armadas no pueden atentar contra la integridad y la vida de las personas, aun cuando se demuestren actividades contrarias al ordenamiento jurídico.
Este proyecto busca crear espacios acondicionados y dignos para que las mujeres en periodo de lactancia puedan extraer la leche materna, asegurando su adecuada conservación en la jornada laboral.
Remuneraciones entre 11 y 18 millones de pesos se reconocerían a los diputados, sin contar las demás prestaciones planteadas en el proyecto presentado por Mininterior.
Para la banca móvil se hicieron extensivas las mismas obligaciones de seguridad y calidad, documentación, divulgación y deberes de la tercerización de servicios.
La Sección Quinta del Consejo de Estado advirtió que las finalidades de unos y otros presentan claras distinciones, que influyen, además, en la determinación de la doble militancia.
De acuerdo con el autor de la iniciativa, la normativa actual genera un tiempo indefinido para el cumplimiento de un fallo de tutela o la orden judicial.
Dos autos de ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado aceptaron la demanda que interpuso el Procurador General contra los numerales V y VI del acuerdo dado a conocer en el comunicado No. 69 de la mesa de conversaciones de La Habana.
Corresponde al profesional de la salud tratante determinar lo que necesita un afiliado al SGSSS en las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
Según el alto tribunal, una norma de la Ley 985 sobre la obligatoriedad de denunciar el delito era una medida desproporcionada, innecesaria y lesiva de los derechos de las víctimas.
La Corte Constitucional dio a conocer el comunicado de la Sentencia C-471 del 2016, en el cual se enuncian los argumentos que se tuvieron en cuenta al momento de analizar el parágrafo único del artículo 51 de la Ley 906 del 2004.
Hubo cuatro salvamentos de votos en la decisión de la Corte Constitucional. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por el expersonero de Bogotá, Ricardo María Cañón, la cual sostenía que los animales son titulares de derechos.
La Sala Penal de la Corte Suprema recordó, luego de analizar un recurso extraordinario de casación, que la petición de absolución puede ser acogida o desechada por el juez de conocimiento.
El éxito de la acción contractual presupone que la parte que la ejerce acredite en el proceso haber cumplido o estado presto a cumplir sus obligaciones.
Así lo pretende una demanda radicada ante la Corte Constitucional. Según la solicitud, negar la posibilidad de rectificar los errores cometidos por una persona en algún momento de su vida puede perjudicar su plan de vida.
En una acción de inconstitucionalidad se acusaba la expresión que establece como falta grave proferir en público expresiones injuriosas o calumniosas contra la institución, servidores públicos o particulares.
Se podrán utilizar páginas web, correos electrónicos y espacios físicos de las entidades para las campañas por el Sí o por el No. Para no afectar la actividad estatal, se compensarán las horas utilizadas en campaña.
El concepto de producto defectuoso es predicable de bienes y servicios y el carácter de defectuoso se concreta en la circunstancia de vulnerar la seguridad del consumidor.
La estandarización de la edad mínima y el aumento de requisitos educativos para poder ocupar cargos de elección popular, son solo algunas de las propuestas para reglamentar el acceso a dichos cargos.
Así lo enfatizó recientemente la Corte Suprema de Justicia, a través de la decisión de una acción de tutela interpuesta por Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial. Conozca la postura jurisprudencial.
Según el fallo, los profesionales del Derecho se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas, con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión.
Se trata de unidades policiales y batallones especiales del Ejército, que se dedicarán a la seguridad y la convivencia ciudadana por medio de un programa rural y a que se cumplan los protocolos previstos para tales áreas.
La norma permite que personas sin habilidades de lectoescritura puedan realizar la solicitud y expresar su consentimiento informado a través de medios alternativos.
El alumno también lanzó aseveraciones irrespetuosas y ofensivas contra el comité evaluador de la asignatura, e incluso publicó insultos en redes sociales luego de no haber aprobado este requisito de grado.
El conjunto de bienes o activos que posea la empresa al momento de causación del impuesto es lo que interesa para efectos de determinar el patrimonio líquido obligatorio.
Así lo conceptuó la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que precisó que el acto que abre la convocatoria del concurso debe ser expedido conjuntamente entre la entidad que provee los empleos junto con la Comisión Nacional del Servicio Civil.
El actuar doloso de este delito requiere el entendimiento de la ilegalidad de la providencia y la conciencia de transgredir la recta y equilibrada determinación del conflicto.
La indemnización por no pago de salarios y prestaciones opera cuando el empleador no aporta razones satisfactorias y justificativas de su conducta, por lo que no es de aplicación automática.
La Corte Constitucional publicó la Sentencia C-326, que declaró inexequibles los artículos 30 (parcial), 111, 112 (parcial), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley 1765 del 2015.
La operadora judicial, de manera oficiosa, concluyó que existía un perjuicio irremediable, debido a la “avanzada edad” de la tutelante, quien para la época tenía 54 años.
Una instrucción administrativa establece el deber del notario encargado de citar en cada instrumento público que emita el acto que determinó el encargo.
La Dian precisó también la obligación de expedir facturas y la discriminación precisa de los valores de impuestos liquidados que debe tener este documento.
Un concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública explica que las inhabilidades son restricciones que se aplican si están expresamente reguladas en la Constitución o en la ley.
Una magistrada presentará una aclaración de voto relativa a los efectos de la decisión en el ordenamiento jurídico. La demanda estudió el título XII y el artículo 252 de esta legislación.
Este proyecto de ley, que se encuentra a la espera de ponencia para primer debate, pretende promover la movilidad internacional y el retorno voluntario de estudiantes y profesionales colombianos.
La Corte Suprema recordó que la jornada máxima legal a la semana es de 48 horas y pueden repartirse ampliando hasta por dos horas la jornada ordinaria, por acuerdo entre las partes.
En el caso concreto, el no uso del subsidio de vivienda otorgado se debió al atraso en la ejecución del proyecto de construcción y no a circunstancias atribuibles a la demandante.
Entender causado un perjuicio tan solo por una denuncia penal que termina sin condena sería tanto como cercenar a los ciudadanos el derecho fundamental de libre acceso a la administración de justicia, afirmó la Corte Suprema.
Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, tocó varios temas del conflicto armado colombiano relacionados con la jurisdicción especial para la paz recientemente acordada en La Habana, el papel de las víctimas y el Estatuto de Roma.
El nuevo magistrado de la Corte Constitucional es abogado y filósofo de la Universidad de Los Andes y se ha desempeñado como magistrado auxiliar en la corporación. Conozca el perfil completo.
Del 9 al 15 de septiembre se designarán los jurados de votación. Se reguló la financiación de campañas, las encuestas y la publicidad en medios de comunicación. Habrá multas por inconsistencias en los resultados de las encuestas, para encuestadoras y medios de comunicación.
Por regla general, los actos de ejecución se encuentran excluidos de dicho control de legalidad, toda vez que ellos no deciden definitivamente una actuación; sin embargo, existen excepciones.
Así lo pide un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes, que además plantea que no se cobre por la pérdida de la tarjeta de ingreso al estacionamiento.
El presidente del Consejo de Estado se pronunció sobre el trámite que tendrá esta demanda en la jurisdicción, y sobre la necesidad de que la corporación sea llamada en el proceso de selección de los magistrados del tribunal especial para la paz.
La Sala Plena de la Corte Constitucional terminó el estudio de la demanda de inconstitucionalidad que atacaba el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 985 del 2005.
Mediante proyecto de ley radicado ante la Cámara de Representantes se pretende crear un fondo nacional de maquinaria pesada, con la cual se podrían beneficiar las obras públicas de municipios de categorías 4, 5 y 6.
Además de no estar establecido en la ley como lugares para recluir personas, las URI tampoco cuentan con las condiciones materiales y funcionales para ello.
La ley impide, so pena de ineficacia, que la promoción o iniciación de un acuerdo de reestructuración se utilice como excusa para decretar la terminación de dichos negocios, explicó la Sala Civil de la Corte Suprema.
La sentencia de constitucionalidad se dio en razón a la demanda interpuesta por el entonces Fiscal, Eduardo Montealegre, contra varias normas del Código Penal.
En otro caso, la Fiscalía imputó a dos abogados los delitos de falsedad material en documento público en concurso con fraude procesal y estafa, por intentar defraudar a Colpensiones.
Una demanda asegura que el aparte del Código General del Proceso que permite iniciar un juicio sin documentos que soporten la obligación es inconstitucional.
Se espera que en la Sala Plena de hoy la Corte Constitucional designe al remplazo del magistrado, que fue retirado de su cargo la semana pasada por la plenaria del Senado.
La acción fue presentada por varios senadores, representantes y dirigentes del Centro Democrático y fue acompañada simbólicamente de más de un millón de firmas.
Su carácter de organismo experto las legitima para ser designadas por los jueces laborales para que rindan el dictamen pericial decretado como prueba dentro de actuaciones judiciales.
El Ministerio del Trabajo advirtió que las empresas temporales son responsables de la salud ocupacional tanto de sus trabajadores permanentes como los que se encuentran en misión.
Con esta precisión, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, mediante el análisis de una acción de tutela, revocó parcialmente un fallo de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Prepensionados son los servidores que le falten tres o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez.
La propuesta hace parte de un proyecto de ley radicado el pasado 23 de agosto en el Senado de la República, habría mayor control a holdings financieros
Además del decreto firmado que convoca y contiene la pregunta, se expedirá una directiva sobre las conductas en las que no pueden incurrir los funcionarios en desarrollo de la campaña plebiscitaria.
La Corte Suprema reconoció la condición de trabajador oficial del Estado a un ciudadano encargado del transporte de personas, equipos y máquinas a una obra pública.
Un fallo de la Sala Laboral recuerda que la correspondencia en el objeto social determina la solidaridad en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
Después de 18 años de iniciado el litigio contractual en instancias judiciales, el Consejo de Estado condenó a la firma Caribbean Oil and Services Inc. a pagarle US $ 1’700.000.
Afirmó la Corte Suprema que las declaraciones plasmadas en la escritura pública tienen plena fuerza obligatoria entre ellas y entre sus causahabientes.
Son precisamente la mesura y el decoro los valores que deben prevalecer y relucir en la actuación de todo profesional del Derecho, no la soberbia y la altanería, dice textualmente la providencia.
Ha pasado poco más de un año desde la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que derogaría la Ley 734 del 2002, Ámbito Jurídico le cuenta los motivos del retraso en la expedición del futuro código.
El fundamento del proceso ejecutivo es la certeza sobre la existencia de la obligación, advirtió la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante un auto.
Según el alto tribunal, el funcionario debió declararse impedido desde el momento en que le reconoció personería a la abogada, siendo este el inicio de toda actividad procesal.
Encuentre la síntesis de la actividad legislativa de las plenarias del Congreso y de las comisiones constitucionales permanentes. El Senado tomó una decisión histórica sobre el juicio que se adelanta contra el magistrado Jorge Ignacio Pretelt.
No es aceptable que un operador judicial haya desconocido sin justificación alguna la normativa y abundante jurisprudencia que rigen el trámite de esta acción, enfatizó el fallo disciplinario.
Así lo recordó el Ministerio de Salud en un reciente concepto, donde también indicó que no existe regulación para la transcripción de incapacidades, por lo que esta se debe realizar bajo los parámetros establecidos por la EPS.
La adopción del principio de inmunidad de ejecución, propio del derecho internacional, fue la causa de la vulneración de los derechos fundamentales de dos ciudadanas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, fijó como agencias en derecho la suma de $ 4 millones a favor de cada una de las entidades demandas.
El artículo 8º de la Ley 80 de 1993 se adicionaría por cuenta de un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República y que ya cuenta con ponencia positiva para primer debate.
La Cámara de Representantes estudia una iniciativa que emula la Ley 1555, para prohibir las sanciones que se acostumbran contra clientes que deciden anticiparse en el pago de sus obligaciones con entidades vigiladas por la Supersolidaria.
El Presidente de la República se dirigió al Congreso y radicó el acuerdo de paz, junto con la carta en la que informa la convocatoria al plebiscito. Descargue el acuerdo logrado en La Habana.
Esta es una de las medidas de un proyecto que cursa en el Congreso para incentivar el uso de la bicicleta, está a punto de ser enviado a sanción presidencial.