Cuando una entidad estatal actúa como fuente de información de un medio de comunicación debe ser precisa y veraz, de tal forma que no vulnere bienes constitucionalmente protegidos.
Dentro de las estrategias planteadas está la priorización de las necesidades de los jueces de primera instancia y la puesta en marcha de medidas de descongestión en acciones de tutela.
La alta corporación estudió la situación de un médico cubano con permanencia irregular en Colombia, quien presuntamente representó un riesgo para la seguridad nacional, por lo que fue deportado y expulsado del país.
Fueron elegidos los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alberto Rojas Ríos para dirigir en este periodo al máximo tribunal de la justicia constitucional.
Al resolver la impugnación de paternidad que hicieron dos hermanos contra el hijo extramatrimonial reconocido por su fallecido padre, la Sala Civil explicó su legitimación y las consecuencias adversas para quien se niega a la práctica de la prueba de ADN.
A pesar de que algunos insumos no proporcionen un efecto sanador, sí se constituyen en elementos indispensables para preservar el goce de una vida en condiciones dignas y justas.
En la Secretaría Jurídica Distrital hay 104 vacantes. Una vez se publique la totalidad de los acuerdos, se informará la fecha de oferta y procedimiento para la compra del derecho.
Con la histórica decisión se estrena formalmente el Acto Legislativo 01 del 2018 y lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792 del 2014.
La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inconstitucional el numeral 2 del artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo y afirmó que este periodo queda en igualdad de condiciones con los demás trabajadores.
Así lo solicita una demanda presentada ante la Corte Constitucional contra el Código de Policía. Según los argumentos, la norma acusada desconoce el derecho fundamental a la igualdad.
Fueron publicados los proyectos de actos legislativos que continuarán su trámite a partir de marzo, cuando inicia el segundo periodo de sesiones de la actual legislatura.
La Corte Suprema explica que si la eximente alude al riesgo amparado, que concentra el núcleo del contrato, y, por ende, se inmiscuye en el estado del mismo, realmente no hay exclusión.
Una demanda argumenta que el término de cinco días para interponer recurso de reposición contra la facturación de las empresas de servicios públicos domiciliarios debería ser igual al término general del CPACA.
El Código Disciplinario aplica a particulares con funciones públicas; a quienesadministren recursos públicos; interventores y auxiliares de la justicia.
Se encuentra en el Libro IV de la Ley 1952 del 2019, allí se establece todo lo concerniente al procedimiento que se debe surtir en una acción disciplinaria.
La acción disciplinaria le corresponde al Estado y será ejercida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial.
Estos valores regirán a partir del próximo 1º de febrero, y aplican para trámites como escrituración, sucesión, expedición de copias auténticas o reconocimiento de firmas y celebración de matrimonio civil.
La SIC ordenó adoptar nuevas medidas y mejorar las existentes. La orden impartida es de carácter preventivo, para evitar que se afecte la seguridad de los datos de los colombianos.
Después de casi cuatro años, periodo durante el cual la iniciativa transcurrió entre Legislativo y la Corte Constitucional, el nuevo estatuto disciplinario para el ejercicio de la función pública es una realidad.
Se trata de un demanda contra una expresión del inciso segundo del numeral 17 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, con el cual se vulneraría el derecho previsto en el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución.
Así lo explicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y agregó que la acción referida no puede utilizarse para sustituir los procedimientos judiciales comunes.
La alta corporación estudió el caso de un recluso que solicitó la protección de sus derechos fundamentales, vulnerados por los recortes de agua a las horas de visitas familiares e íntimas en la cárcel.
La Corte Suprema resolvió una tutela en la que un padre de familia solicitó la exoneración de cuota alimentaria porque su hijo cuenta con más de 25 años.
En este evento, las exigencias para la efectividad de la prescripción de la acción ejecutiva solo son aplicables a partir del momento en que adquieren su mayoría de edad.
A propósito de las denuncias contra Hollman Morris, ÁMBITO JURÍDICO recuerda el concepto legal y jurisprudencial de esta modalidad de la violencia intrafamiliar.
Una vez privada la tenencia del bien queda bajo la custodia de quien dispuso la práctica de la medida y se le impone la obligación de conservarlo en el mismo estado que presenta al momento de la retención.
Se concedió el amparo de los derechos fundamentales al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud ante la amenaza de vulneración ocasionada por el proyecto de modificación parcial del cauce.
El servicio de salud debe ser prestado de manera eficiente, con calidad y oportunamente, en la etapa previa, durante y con posterioridad a la recuperación del estado de salud de la persona.
Este es un tributo de orden municipal que grava la propiedad o posesión de bienes inmuebles. Conozca uno de los más recientes conceptos del Ministerio de Hacienda.
La Corte Constitucional resolvió el caso de un ciudadano con discapacidad mental a quien Colpensiones le exigió la declaratoria de interdicción para pagarle la pensión de invalidez.
Son 11 los informes presentados por parte de la Fiscalía que ya se encuentran a consideración de la JEP, con el fin de que avance en los asuntos de su competencia.
Se trata de la conducta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 del 2007, la cual se configura por injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, juristas y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales.
El modelo de la Ley 906 se orienta a que la decisión sobre la procedencia de la imputación o la acusación sea producto de la adecuada delimitación de las hipótesis fácticas, entre otras cosas.
En varias decisiones se ha afirmado que la conducta del imputado es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la Administración en estos casos.
Cuando se pretenda acreditar un contrato laboral encubierto mediante la figura de prestación de servicios al peticionario le corresponde desvirtuar dos presunciones de orden legal.
Los magistrados Germán Bula Escobar y José Luis Barceló, presidentes del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, respectivamente, han afirmado que esta corporación nada tiene que ver con la funciones que desempeña una alta corte.
La publicación de la sentencia que declaró infundadas las objeciones del pasado Gobierno condujo a recordar que con esta decisión está pendiente la sanción presidencial.
El Departamento Administrativo de la Función Pública elevó una consulta respecto a la autorización que requiere esta entidad para llevar a cabo inversiones de sociedades en el exterior y disponer luego de ellas.
La Sección Primera del Consejo de Estado adecuó el medio de control a nulidad simple, pese a que el demandante había incoado nulidad por inconstitucionalidad.
La Corte Constitucional explicó que las normas que establecen este marco general no vulneran los principios de autonomía territorial y legalidad tributaria.
Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz cumple un año de funcionamiento, estos son los casos que ha asumido y algunas cifras sobre número de sometimientos.
La corporación afirmó que el legislador, al expedir la disposición atacada, desconoció límites constitucionales como la dignidad humana, la libertad, el debido proceso, entre otros.
La aplicación del Acto Legislativo 01 del 2005 no desconoce el principio de progresividad contenido en los pactos internacionales ratificados por Colombia, indicó el fallo.
Dos pronunciamientos recuerdan que los jueces deben aceptar la convivencia simultánea y que la acumulación del tiempo matrimonial y el de la unión marital pueden acumularse.
Una de las salas de descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recuerda las tres hipótesis construidas por la corporación para resolver ese interrogante.
Ante el inicio de actividades en la Rama Judicial, múltiples afectados con la suspensión de la Convocatoria 428 iniciaron una ‘tuiteratón’ para exigir celeridad en el proceso judicial que cursa actualmente ante el Consejo de Estado.
La conducta de la abogada configuró la falta que sanciona la utilización de intermediarios para obtener poderes o participar honorarios con quienes lo han recomendado.
La aplicación del principio de responsabilidad patrimonial exige el restablecimiento de la eficacia del derecho o interés legítimo afectado por el daño antijurídico, a través de las respectivas acciones.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra la norma del Código de Policía que establece la infracción a este deber como uno de los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades.
Si se cumplen los presupuestos de procedencia del error judicial, la acción de reparación directa procede para buscar el resarcimiento de los daños ocasionados con este tipo de actos.
A propósito del debate suscitado por la presentación de un proyecto de ley para regular los contenidos que se publican en redes sociales, ÁMBITO JURÍDICO presenta las principales sentencias sobre la materia.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 135 de la Ley 1753 del 2015, la Procuraduría respalda la petición.
Este viernes 11 de enero se reanudan las labores en la Rama Judicial, después de la vacancia. Aún no hay certeza sobre el futuro del cese de actividades en algunos juzgados de Bogotá y la CEJ se ofrece a intermediar.
Los recientes subrogados penales reconocidos a los principales responsables del conocido ‘Carrusel de la contratación’ han abierto el debate sobre las libertades en el actual sistema penal.
En el caso analizado, la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la pretensión de un ciudadano porque la demora en la entrega sí estaba justificada.