La Corte Constitucional señaló recientemente que si bien la cosa juzgada constitucional garantiza el principio de seguridad jurídica, al dotar de carácter inmutable, vinculante y definitivo las decisiones judiciales relacionadas con la protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando las mismas son producto de la cosa juzgada fraudulenta excepcionalmente cabe la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza (M. P. Alberto Rojas Ríos).