Sala Penal explica presupuestos de la imputación y la acusación

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó la reglamentación de los presupuestos y el contenido de la imputación y la acusación, actos sometidos a una puntual reglamentación en el ordenamiento jurídico colombiano.

Según el fallo, la acusación constituye un elemento estructural del proceso en la medida en que determina el inicio de la fase de juzgamiento, delimita los aspectos fácticos que pueden ser abordados en la sentencia y es el principal referente del tema de prueba, lo que a su vez es el punto de partida para el análisis de la pertinencia y los demás aspectos que deben abordarse en la audiencia preparatoria.

A juicio de la Corte Constitucional, conforme con una providencia precedente, la formulación de imputación se constituye en condicionante fáctico de la acusación, de ahí que deba mediar relación de correspondencia entre tales actos. (Lea: Ni querella, ni conciliación previa constituyen hechos relevantes de imputación, acusación o sentencia)

Estándar de conocimiento (procedencia)

Acorde con el artículo 287 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), la imputación es procedente cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga.

En el mismo sentido, y conforme con el artículo 337 de la misma normativa, la Sala indicó que el fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez para adelantar el juicio. Ello cuando de las evidencias mencionadas se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. (Lea:  ¿Cómo se determina la relevancia jurídica de los hechos para la legalidad del acto de acusación?)

La determinación de este estándar constituye una importante decisión político criminal, cuya complejidad atañe al punto de equilibrio que debe mantenerse entre la eficacia de la administración de justicia y la protección de los derechos del procesado que pueden resultar afectados con el acto de acusación, así como los intereses de las víctimas y otros aspectos constitucionalmente relevantes que, igualmente, se ponen en riesgo con el uso indebido de esta función estatal.

Con todo, enfatizó que el modelo de la Ley 906 del 2004 se orienta a que la decisión sobre la procedencia de la imputación o la acusación sea producto de la adecuada delimitación de las hipótesis fácticas, el diseño y la ejecución de un programa metodológico orientado a confirmarlas o descartarlas y, finalmente, el análisis de si se alcanza o no el estándar dispuesto por el legislador para este tipo de decisiones (M. P. Patricia Salazar Cuéllar).

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP-56602018 (52311), Dic. 11/18.