La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la destitución del cargo e inhabilidad general por 20 años de un juez promiscuo municipal, por ir en contravía de una postura jurisprudencial del 2008 de la Sala Penal Corte Suprema de Justicia, relacionada con los requisitos para conceder la acción de habeas corpus y, como consecuencia, por el delito de prevaricato por acción. El togado, a través de dicha acción, decidió dejar en libertad a varios investigados, pese a que la Fiscalía le había puesto bajo su conocimiento no solo la situación jurídica de los implicados, sino que ese proceso penal era de sumo cuidado porque se trataba de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes (M. P. Magda Victoria Acosta).