La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible con condicionamiento el parágrafo 3° del artículo 100 de la Ley 1819 del 2016, por medio de la cual se adoptó la reforma tributaria estructural y se fortalecieron los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. En efecto, la norma regula la tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a personas jurídicas, en este caso, beneficiarias de la Ley 1429 del 2010 (Ley de Formalización y Empleo), y dispone una serie de reglas para su determinación. En este caso, la alta corporación declaró la constitucionalidad de la disposición solo por los cargos analizados, bajo el entendido de que el régimen de transición de progresividad de la tarifa de renta para las pequeñas empresas solo se aplica a partir del año gravable 2017 (M. P. Alejandro Linares Cantillo).