La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión a una abogada por dos meses, tras hallarla responsable, principalmente, de las faltas previstas en el numeral 5° del artículo 30 y en el numeral 2° del artículo 37 de la Ley 1123 del 2007. Según reseña el proceso, dos ciudadanos acudieron al Ministerio de Trabajo con la finalidad de buscar ayuda frente a un presunto acoso laboral, pero un funcionario de esta entidad, quien sirvió de intermediario, ayudó para que le confirieran poder a la disciplinada. Esta aceptó la gestión encomendada y se comprometió a interponer un trámite constitucional sin saber quiénes eran sus clientes. Finalmente, nunca informó ni de las gestiones ni el resultado final del proceso (M. P. María Lourdes Hernández).