La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-121 del 2018, se declaró inhibida para conocer de fondo sobre la demanda promovida en contra de la Ley 1225 del 2008, que regula el funcionamiento y operación de los parques de diversiones, entre otras actividades, al no existir la omisión invocada por el actor, en especial al no cumplirse con las cargas de certeza y suficiencia, requisitos indispensables en la formulación de los cargos de inconstitucionalidad. Vale decir  que se alegaba la existencia de una omisión legislativa relativa, por cuanto, en criterio del actor, al cotejar su contenido normativo no se incluyeron reglas específicas para la tenencia, el cuidado y la prevención del maltrato de los animales que son utilizados en el funcionamiento y operación de estos parques de diversiones, en contravía del deber constitucional de protección al ambiente y a las riquezas naturales de la Nación, previsto en los artículos 8 y 79 de la Constitución Política (M. P. Luis Guillermo Guerrero).