La Corte Constitucional, a través del estudio del marco normativo que cobija a la Unidad Nacional de Protección (UNP), concluyó que se vulnera el derecho a la vida y a la seguridad personal cuando dicha entidad omite en sus estudios de medidas de protección el contexto de violencia generalizada en contra de los líderes sociales en el país. La UNP es la entidad que por mandato legal debe velar por la protección de los líderes para que puedan continuar con su trabajo, toda vez que son estas las personas encargadas de encontrar soluciones a los problemas que se causan dentro de una comunidad, buscando con ello restablecer los derechos que han sido vulnerados. De ahí que la Corte recordara los principales pronunciamientos que ha proferido en torno a la protección constitucional de esta población, en momentos en que los homicidios de líderes sociales se hacen más evidentes, los cuales puede detallar en el documento adjunto a esta nota (M. P. Alberto Rojas Ríos).