Conozca los nuevos altos dignatarios del Consejo Superior para el 2019

El Consejo Superior de la Judicatura eligió ayer como presidente de la corporación al magistrado Max Alejandro Flórez Rodríguez, para el periodo 2019 – 2020.  Así mismo, su colega Diana Alexandra Remolina fue elegida vicepresidenta. (Lea: Los desafíos de la justicia para el nuevo año)

Perfil profesional y académico

Magistrado Max Alejandro Flórez Rodríguez

Doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Externado.

Dentro de su trayectoria se destaca haber sido Juez Promiscuo Municipal de Nariño (Cundinamarca), Juez Octavo Penal Municipal de Bogotá, Juez 68 de Instrucción Criminal en la Mesa (Cundinamarca), Juez 78 de Instrucción Criminal Permanente de Bogotá, Juez 38 Penal del Circuito de Bogotá, Procurador 24 en lo judicial penal, Procurador 17 en lo judicial penal ante los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca, abogado asistente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

Además, colaboró en la redacción de la Ley 1395 del 2010, en lo referente a la modificación de la Ley 906 del 2004 y de la Ley 600 del 2000.

Magistrada Diana Alexandra Remolina

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá con especialización en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la misma universidad.

Tiene experiencia en cargos de asesoría y directivos en el sector público y privado; en derecho administrativo; en políticas de transparencia y defensa judicial del Estado y en mecanismos alternativos de solución de conflictos; también reporta experiencia en elaboración de proyectos y términos de referencia de concursos y licitaciones; en coordinación de equipos de trabajo, coordinación de comités interinstitucionales y de proyectos de cooperación internacional, ejecución de procesos de gestión, diseño de políticas públicas de justicia y puesta en marcha de su implementación.

También cuenta con experiencia en elaboración de normas legales y reglamentarias, racionalización normativa y asesoría en procesos legislativos, en materia de justicia, de lo contencioso administrativo, en contratación estatal, en derechos humanos, seguridad social y mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre otros.