Deficiencias graves de motivación continúan originando nulidad como causal de revisión

Una de las causales que la ley ha contemplado para que proceda la revisión de una sentencia es la existencia de una nulidad originada en el fallo que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso.

Ahora bien, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha permitido que proceda ante la presencia de “deficiencias graves de motivación”, lo cual constituye, aun en la actualidad, doctrina probable de la corporación.

Precisamente, en el 2008, la Corte abordó el estudio de esa causal de revisión, consagrada en el numeral 8° del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, y concluyó que el deber de motivación de las sentencias judiciales es un elemento integrante del debido proceso. (Lea: En estos casos es posible apartarse del precedente)

Esa tesis se reiteró posteriormente en sucesivos fallos de revisión al  momento de referir la jurisprudencia imperante en la materia, en los que se aseguraba que el cuestionamiento a la providencia por “deficiencias graves de motivación” no puede obedecer a un replanteamiento de la cuestión litigiosa o un disentimiento de la valoración probatoria del fallador, sino a la demostración de que la fundamentación que este brinda es ficticia o supuesta en relación con el tema que se somete a su estudio, por ser ajena al mismo o abiertamente contraria.

Sin embargo, más adelante la Sala fue dejando de lado la citación de esta línea jurisprudencial y retomó referencias anteriores al fallo del 2008. En esa dirección, en el segmento de consideraciones jurídicas de la Sentencia SC-144272016 (20130283900), dictada en sede de revisión, solo aludió de manera parcial a ese precedente, obviando mencionar los defectos de motivación como causal de nulidad de la sentencia.

Posteriormente, en la Sentencia SC-71212017 (20120295200) se reiteraron los argumentos de taxatividad de los motivos de la nulidad originada en la sentencia y se aseguró que la causal octava solo obedece a la ausencia de requisitos formales que la ley exige para la constitución de ese acto procesal.

Aun así, la Sala Civil aclaró que esas manifestaciones no constituyen una modificación del citado precedente, puesto que en su argumentación no se aludió a que fuera esa la intención de la Corte, ni se expusieron fundamentos explícitos, completos y contundentes para ese efecto.

Modificación de la doctrina probable

Según la Ley 169 de 1896, “tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable”.

No obstante, la corporación indicó que puede considerar que su jurisprudencia resulta errónea por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el orden jurídico, por lo que puede cambiar su precedente, pero con una mayor carga argumentativa.

Sin embargo, ello no significa que los jueces puedan cambiar arbitrariamente su jurisprudencia aduciendo, sin más, que sus decisiones anteriores fueron tomadas bajo una situación social, económica o política diferente. (Lea: La doctrina probable: ¿criterio auxiliar o legislación judicial?)

Es necesario que tal transformación tenga injerencia sobre la manera como se había formulado inicialmente el principio jurídico que fundamentó cada aspecto de la decisión y que el cambio en la jurisprudencia esté razonablemente justificado, conforme a una ponderación de los bienes jurídicos involucrados en el caso particular.

En ese orden, es deber de la corporación evitar la prolongación de las injusticias en el tiempo haciendo explícito el cambio jurisprudencial (M. P. Octavio Augusto Tejeiro).

Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-54082018 (11001020300020140069100), 12/11/18.