El rechazo de la solicitud de admisión a un proceso de reorganización surte efectos jurídicos frente a la sociedad peticionaria y frente a sus acreedores, en la medida que se retrotraen los efectos jurídicos que se producen para la compañía y sus administradores a partir de la presentación de la petición, en los términos del artículo 17 de la Ley 1116 del 2006 (Régimen de Insolvencia Empresarial). Así las cosas, indicó la Superintendencia de Sociedades, todo el régimen de prohibiciones a los administradores para adoptar reformas estatutarias, constitución de garantías, pago de obligaciones, desistimientos, allanamientos, transacciones y, en general, todo tipo de operaciones que impliquen disposición de bienes y derechos de la compañía, así como afectación de estructura jurídica, vuelven a quedar a libre disposición de la autonomía de la voluntad. Adicionalmente, podrán iniciarse nuevos procesos ejecutivos.