La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó una sentencia que censura a un abogado por cometer una falta relacionada con el debido respeto a la administración de justicia. Se trata, principalmente, de la conducta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 del 2007, la cual se configura por injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, juristas y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales. Según el expediente, el disciplinado sostuvo afirmaciones temerarias en una acción de tutela que atacaba una resolución, la cual negaba una licencia de construcción en la modalidad de cerramiento. El disciplinado atacó al curador calificándolo de corrupto, sin aportar prueba al respecto (M. P. Pedro Alonso Sanabria).