La Corte Constitucional publicó la sentencia que declaró exequible la Ley 1821 del 2016, que modificó la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas. En el pronunciamiento se explica, entre otras cosas, que la norma no vulnera el mandato de no regresividad en materia laboral, pues, según la Corte, lejos de estar en presencia de una medida regresiva, lo que hace es ampliar el ámbito de goce del derecho al trabajo al brindar la posibilidad de retener, en favor del servicio público, la experiencia de las personas mayores. Lo anterior en razón al aumento en la expectativa promedio de vida de la población, al mayor envejecimiento de la misma y a la necesidad de incluir el valor de la inteligencia depurada dentro de las fuerzas productivas del país (M. P. Luis Guillermo Guerrero).