La Corte Constitucional ya había declarado exequible el artículo 116 de la Ley 115 de 1994, que excluía a estos aspirantes de la posibilidad de concursar.
A su juicio, no es suficiente superar las pruebas relativas al mérito, sino que, además, es preciso cumplir otras condiciones de carácter personal o social.
Las causales previstas en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 que no están incluidas en la Ley 617 de 2000 pueden ser invocadas para controvertir la investidura de un concejal.
Una fuente de recursos serían los depósitos judiciales vencidos que están abandonados en el Banco Agrario, cuyo monto asciende a cuatro billones de pesos.
El fallo ampara con efectos inter comunis los derechos fundamentales de las comunidades que fueron excluidas por no contar con un territorio colectivo adjudicado.
La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por las lesiones que sufrió un patrullero.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-262 del 2013, señaló que los recursos para gastos de administración pueden usarse para adquirir activos fijos.
La consulta es obligatoria cuando las medidas que se adopten sean susceptibles de afectar específica y directamente a los pueblos indígenas y tribales.
No es posible iniciar sorpresivamente un proceso ejecutivo en contra de los beneficiaros, sin notificarle su iniciación y sin verificar las condiciones especiales del caso.
El estudio advierte sobre esta problemática a todos los servidores públicos, con el fin de instarlos a conocer las prácticas defectuosas en que incurren con mayor frecuencia.
Quienes acuden a estas convocatorias para discutir las objeciones que el Ejecutivo formule a proyectos de acto legislativo exceden la función legislativa.
De los sindicatos conformados en este año, 151 son del sector privado y 29, del sector público. En el 2013, por su parte, 299 se crearon en el sector privado y 85, en el público.
El cumplimiento de la Sentencia C-258 del 2013 no podía adoptarse de manera automática, sin ofrecer a los afectados la oportunidad de defender su probable inaplicabilidad.
La iniciativa precisa los términos de detención en cada una de las etapas procesales y fija un tiempo máximo de duración de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Asonal Judicial se refirió a la necesidad de garantizar los planes de descongestión, pues lo contrario generaría un “caos de magnitudes incalculables”.
El proyecto de financiamiento para la paz, la equidad y la educación, que crea el impuesto a la riqueza, se llevaría a discusión de la plenaria de Senado el 9 de diciembre.
Se requiere al menos la concurrencia de dos elementos estructurales, sin los cuales esta figura no podría concretarse: la presencia de dos o más contratos y el nexo entre ellos.
Se requiere al menos la concurrencia de dos elementos estructurales, sin los cuales esta figura no podría concretarse: la presencia de dos o más contratos y el nexo entre ellos.
El anuncio se dio luego de las declaraciones en las que el ministro de Justicia, Yesid Reyes, sostuvo que los cargos provisionales serán permanentes en la vigencia del 2015.
Según la entidad, es urgente revisar la normativa minera, para establecer sanciones que permitan castigar de manera efectiva a los directos responsables.
El alto tribunal llamó la atención a los jueces constitucionales de instancia, para que acaten, con disciplina y rigor, el precedente jurisprudencial en la materia.
La posición que sirvió de sustento para la elaboración del artículo sobre este tema es exclusiva del despacho del consejero de Estado Alberto Yepes Barreiro.
La inactividad de algunos despachos ha originado la interposición de numerosas acciones de tutela en las que se invoca el acceso a la administración de justicia.
Los precios de las estaciones coincidieron durante todos los días de los meses investigados, por lo que se observa una identidad de precios en el mismo periodo.
El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional, por haber disparado gas lacrimógeno sin atender al Manual de Atención, Manejo y Control de Multitudes.
Se acordó trabajar en un plan de prevención y protección para estos líderes en Córdoba, Bajo Cauca, Medellín, Valle de Aburrá, Magdalena Medio, Cesar y Atlántico.
El eKOGUI será utilizado y alimentado por las entidades y los organismos estatales del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico.
Si fue establecida con arreglo a los criterios de ley, también constituye una regla que se impone como de obligatorio cumplimiento para la administración.
La administración pública no debe esperar a que se inicie un proceso ejecutivo, cuando ya existe una obligación clara, expresa y exigible en su contra emanada por una decisión judicial.
La Corte Suprema improbó preacuerdo con exfuncionario judicial vinculado al “carrusel de expedientes” que se presentó hace años en el Consejo de Estado.