Radican proyecto de ley que reforma la detención preventiva

El ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, radicaron ante el Senado de la República un proyecto de ley que pretende reformar el uso de la detención preventiva.

La iniciativa precisa los términos de detención en cada una de las etapas procesales y fija un tiempo máximo de duración de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, que entrará en vigencia un año después de la sanción de la ley.

Además, propone que antes de imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, se tenga en cuenta no solo la gravedad del delito, sino que se demuestre que las otras medidas son insuficientes.

A partir de la sanción de la ley, los operadores de justicia tendrían un año de gracia para terminar los procesos pendientes y priorizar las investigaciones delicadas, antes de que empiece a regir la disposición.

De esta manera, la privación de la libertad no podrá  superar un año, y el tiempo se duplicará para para casos de justicia especializada, cuando haya más de tres personas sindicadas o en casos de corrupción.

Por otro lado, establece que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias:

-          La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

-          El número de delitos que se imputan y la naturaleza de los mismos.

-          El hecho de estar disfrutando de un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

-          La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o  preterintencional.

-          Que se trate de abuso sexual con menor de 14 años.

-          Que el imputado haga parte o pertenezca a un grupo de delincuencia organizada.

“El peligro que representa un individuo para las víctimas o para la comunidad, así como las posibilidades de manipular las pruebas o no comparecer al proceso, deben evaluarse sobre la base de indicios que se tengan sobre el comportamiento futuro del individuo y no solo observando la gravedad del delito que se investiga”, agregó Reyes.

Según el Ministerio de Justicia, la detención preventiva ha ocasionado que, hasta el pasado 30 de junio, se hayan reportado 18.565 demandas contra el Estado por privación injusta de la libertad, con pretensiones que ascienden a los 23 billones de pesos.