Sin acuerdos definitivos, pero con el compromiso de aportar soluciones para financiar el plan nacional de descongestión, finalizó el encuentro que sostuvieron este jueves el Gobierno y delgados de la Rama Judicial.

Aunque magistrados del Consejo Superior sostienen que no se ha llegado a un pacto decisivo para costear el periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre del 2014, el presidente de la Sala Administrativa, Pedro Munar, reconoció que se avanzó hacia una solución definitiva.

La Rama se comprometió a sacrificar recursos que pretendía destinar a proyectos de inversión, y encaminarlos al sostenimiento del plan nacional de descongestión, que se ha convertido en una prioridad.

De parte del Gobierno, se destacan las declaraciones que, antes de la reunión, dio el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien destacó el compromiso del Ejecutivo para convertir en permanentes cerca de 8.000 cargos en provisionalidad, durante la vigencia del 2015.

La reunión estuvo precedida de anuncios de inminente colapso en las jurisdicciones constitucional y laboral, si no se garantiza la continuidad de la descongestión.

Según la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, buena parte de su funcionamiento obedece a las labores que desempeñan estos funcionarios provisionales. Por lo tanto, su desvinculación pondría en riesgo la continuidad de la atención al público.

Aunque no haya certeza sobre las fuentes de financiación del plan, Gobierno y Rama Judicial se comprometieron a buscar los dineros que hacen falta.