En el marco de una acción preventiva, la Procuraduría General de la Nación advirtió que la administración de Cúcuta (Norte de Santander) debe implementar lo reglamentado en la Ley 191 de 1995 y el Decreto 400 de 2005, relacionados con la “internación temporal de vehículos y motocicletas”. Esta figura jurídica permite a vehículos adquiridos en países vecinos circular dentro del territorio de departamentos fronterizos, previo cumplimiento de unos requisitos y autorización local, señaló el Ministerio Público. En este contexto, le indicó al alcalde municipal de Cúcuta la importancia de implementar normas relativas al registro de vehículos en internación temporal, para prevenir que motocicletas de matrícula venezolana utilizadas como instrumento de trabajo que circulan en el área metropolitana sean objeto de inmovilización o decomiso por parte de la Policía Fiscal y Aduanera con el argumento de que se trata de vehículos de contrabando. Esta medida no solo generará un impacto social positivo para los habitantes de la frontera, sino que puede ser un instrumento de gestión frente a los vehículos que circulan en la Unidad Especial de Desarrollo Fronterizo en el departamento de Norte de Santander, agrega el comunicado.