Explican cómo aplican la buena fe y la confianza legítima en materia de contratación administrativa (4:45 p.m.)

Al revisar el alcance constitucional del debido proceso que rige las actuaciones administrativas contractuales, la Corte Constitucional encontró que la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) vulneró derechos fundamentales de una de sus investigadoras al iniciarle un proceso ejecutivo por incumplimiento de las obligaciones como beneficiaria de una beca para doctorado en EE UU, sin notificarle su iniciación. Para la Corte, esta entidad actuó de manera desproporcionada al declarar incumplimiento del contrato de crédito educativo condonable sin tener en cuenta el límite temporal aplicable a este tipo de estudios y pasar por alto los logros obtenidos por la becaria en el estudio de factibilidad de la condonación, ni que regresó al país, se vinculó nuevamente a la institución y le cedió los beneficios económicos de su investigación. Si bien la declaratoria de incumplimiento del contrato se encontraba dentro de las facultades de Corpoica, la Corte Constitucional advirtió que debió respetar el debido proceso, la buena fe y el principio de confianza legítima. Finalmente, le ordenó a Corpoica reiniciar el proceso de evaluación de la situación de la becaria respecto de la procedencia o no de la condonación del crédito educativo. En su opinión, en materia de educación, el principio de la confianza legítima aplica cuando al administrado se le ha generado una expectativa seria y fundada de que las actuaciones posteriores de la administración serán consecuentes con sus actos precedentes, lo cual generan una convicción de estabilidad en sus acciones (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).