Ejecutivo y trabajadores judiciales buscan salida al paro

El Gobierno se reunirá este lunes con delegados de los trabajadores de la Rama Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de pactar una salida al paro que protagonizan en la actualidad empleados del sector.

Quienes adelantan la protesta consideran que el Ejecutivo debería adoptar acciones más efectivas para cumplir su compromiso de nivelación salarial, reclamo que ya fue objeto de cese de actividades en el 2012, y que llevó a los acuerdos que se mantienen vigentes.

Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) también se refirió a la necesidad de garantizar los planes de descongestión, pues lo contrario generaría un “caos de magnitudes incalculables”, debido a los retrasos que implica la reasignación de procesos.

La organización también le hizo un llamado a toda la Rama Judicial, para que participe y se pronuncie frente al proyecto de reforma de equilibrio de poderes que, a su juicio, “devuelve al modelo constitucional de 1886 y busca cercenar directamente la autonomía e independencia judicial”.

En cuanto a los reproches de los trabajadores que ocupan cargos de provisionalidad y de las propias cortes relacionados con el plan nacional de descongestión, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, destacó los compromisos asumidos por las ramas Ejecutiva y Judicial para conseguir los recursos que hacen falta para la financiación de la vigencia 2014.

“Se van a revisar los cargos de descongestión y, en la medida en que vayan haciendo falta, se van a ir incorporando esos cargos a la planta definitiva de la administración de justicia”, añadió el funcionario.

La semana pasada, el Consejo Superior de la Judicatura advirtió que el paro judicial está provocando un aumento inusitado de procesos en la jurisdicción disciplinaria. Este escenario, afirma, obedece a que la inactividad de algunos despachos ha originado la interposición de numerosas acciones de tutela en las que se invoca el acceso a la administración de justicia.