La Comisión Interinstitucional hizo un llamado al Gobierno para que atienda las necesidades de la Rama Judicial, que requiere $ 73.000 millones para garantizar la continuación de labores hasta el 31 de diciembre de este año, sobre todo en materia de descongestión. El presidente del organismo, máxima cabeza de Consejo Superior, Francisco Ricaurte, señaló que con los dineros que quedan disponibles solo podría financiarse el plan hasta este 15 de noviembre, de ahí la urgencia con la que se requiere una nueva inyección de recursos. Tras la sesión celebrada este lunes y el anuncio de la Corte Constitucional sobre la suspensión de la atención al público, si no se renueva la continuidad del plan nacional de descongestión, trascendió que los integrantes de la comisión coincidieron en la necesidad de solicitar un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos, a fin de encontrar una salida a la crisis.