Si se comprueba el incumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de prestaciones sociales o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, el funcionario debe proceder a la revocatoria directa del acto administrativo, aun sin el consentimiento del particular, y compulsar copias a las autoridades competentes para la correspondiente investigación, indicó el Ministerio del Trabajo. No obstante, cuando el litigio versa sobre problemas de interpretación del derecho, como puede ser sobre el régimen jurídico aplicable, régimen de transición o aplicación de un régimen especial frente a uno general, estos deben ser definidos por los jueces competentes y no procede la revocatoria directa del acto sin el consentimiento del particular, señaló la entidad.