Según el concepto de la alta corporación, los apartes de la Ley 1765 del 2015 relacionados con esta figura contradicen el artículo 250 de la Constitución Política. También se declaró inexequible una disposición en materia electoral.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la iniciativa de reforma la Ley 50 de 1990. El proyecto pasa a sanción presidencial.
Algunas medidas de la Ley 1760 del 2015 iban a entrar en vigencia en el mes de julio, pero el proyecto de ley que pasó a sanción presidencial las prorrogó un año más.
Las incompatibilidades son circunstancias que ocurren con posterioridad a la elección, el nombramiento o la posesión, indica un fallo de la Sección Quinta.
La Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró que a partir de la vigencia de la Ley 1429 del 2010 la concertación con los trabajadores hace innecesario ese requisito.
El Consejo Superior de la Judicatura no desconoce las múltiples dificultades que presenta la Rama Judicial, pero rechaza la negligencia y desdén de los funcionarios judiciales.
Principia iuris podría considerarse no solo una teoría del derecho para el Estado constitucional, sino, en concreto, la teoría jurídica del garantismo.
Además de los requisitos de edad y tiempo laborado, el artículo 4º de la Ley 114 de 1913 advierte que para gozar de esta prestación económica el docente debe cumplir con otras condiciones.
El anterior criterio de la Corte Suprema establecía que ante la petición absolutoria de la fiscalía el funcionario judicial no podía hacer más que fallar según lo pedido. Conozca el nuevo marco jurisprudencial.
Esta pregunta fue planteada en una tutela de la Corte Constitucional que analiza los presupuestos procesales y jurisprudencias que se han establecido sobre el pago y el reconocimiento de esta prestación.
La organización Women’s Link Worldwide organiza cada año los premios Género y Justicia al Descubierto. Estos son los casos que aspiran a lo mejor y lo peor en materia de justicia de género. Las votaciones cierran el próximo martes.
Dependiendo de la fecha de presentación de las acciones populares, se les debe aplicar el inciso segundo del artículo 144 del CPACA o la jurisprudencia anterior al 2012.
El trámite, por su naturaleza, no tiene efectos profundos en la vida o integridad de los menores representados ni implica una autorización para salir del país.
El nuevo sistema, implementado por Supersociedades, tiene la información que presentan las sociedades bajo el estándar XBRL, que hace parte de la convergencia hacia las normas internacionales de información financiera.
En España se expidió el Acuerdo de extensión máxima de los escritos procesales. ¿Se deben poner condiciones como un número de caracteres fijo o un tipo de fuente estándar para presentar recursos?
Corresponde a los jueces de control de garantías evaluar si la dilación procesal denunciada es injustificada y, por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta desproporcionado, agregó la Corte Suprema.
Serán sancionadas las personas jurídicas domiciliadas en Colombia, como las subordinadas y las sucursales de sociedades extranjeras, que infrinjan la Ley 1778.
El escrito proferido por un testigo, pese a estar debidamente ratificado, recibe el mismo tratamiento de una prueba testimonial ante este recurso extraordinario.
Hoy se celebran 10 años de la Sentencia C-355/06, mediante la cual se reconoció el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en tres causales. Este es un balance de Women’s Link Worldwide sobre los avances legales y en el debate público sobre el aborto.
Así como un aumento de penas inmotivado deviene en inconstitucional, la misma consecuencia es predicable a penas que se apartan de los límites mínimos.
Una sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado acogió el criterio objetivo valorativo para la imposición de costas, incluidas las agencias en derecho.
Es necesario que se presente un desconocimiento de las formalidades o de los trámites de carácter sustancial para establecer una trasgresión del derecho al debido proceso.
Estas nulidades no están sometidas al régimen de caducidad y buscan proteger al conglomerado social de los efectos adversos que puedan desprenderse de un acto jurídico o un contrato viciado.
El aspirante a ser incluido en la lista deberá solicitar su inscripción, diligenciando el formato electrónico de hoja de vida y el formulario electrónico de inscripción
La Corte Suprema fijó jurisprudencia sobre el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, según el cual se excluyen de esta garantía los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.
Esta figura jurídica constituye una garantía abierta para diferentes, múltiples y sucesivas obligaciones, pasadas o futuras, indeterminadas y determinables durante su vigencia.
No se configuró una omisión legislativa, por cuanto la cátedra de educación para la sexualidad únicamente a niveles de educación media y superior resulta idónea y adecuada.
Fueron informadas las últimas decisiones del alto tribunal. Ámbito Jurídico desarrolla los temas tratados, relacionados con lavado de activos, planes de ordenamiento territorial y sociedades conyugales.
El Consejo de Estado se pronunció sobre una consulta que interrogaba sobre los efectos que deben asumir las personas jurídicas o sus representantes nacionales al ser investigados por esta conducta
La parte interesada acusaba falta de cuidado del juez al no declarar como confesión hechos que manifestaba la empresa por el hecho de que el demandante asistió a varias etapas procesales.
Se presentó un proyecto de ley con mensaje de urgencia para frenar posibles órdenes de excarcelación en razón a los términos establecidos en la Ley 1760/15.
Las funciones jurisdiccionales otorgadas a las autoridades administrativas se han convertido en un mecanismo ágil para que la ciudadanía proteja sus derechos. Ámbito Jurídico explica los procedimientos establecidos, ofrece modelos de demandas y referencia fallos destacados.
Un proyecto de reforma al Código de Tránsito haría subsanables las causales de inmovilización del vehículo y prohibiría las restricciones absolutas de estacionamiento.
La Feria Internacional del Libro de Bogotá es el evento de promoción de lectura más importante de Colombia y Legis participará en su versión 29ª con su acostumbrada presencia en el Pabellón 3, Nivel 1, Stand 2 y con los títulos que reseñamos a continuación.
Frente algunos defectos sustanciales que separan y hacen incompatibles los preceptos constitucionales con la decisión proferida procede la acción constitucional.
Un nuevo procedimiento busca incentivar el uso del comercio electrónico, que se ha convertido en una herramienta de fácil acceso para la compra y venta de bienes y servicios.
Este figura jurídica no constituye una intervención de terceros, sino un medio que permite la alteración de las personas que integran alguna de las partes o de quienes actúan como intervinientes.
La fuerza y el dolo como vicios capaces de afectar las declaraciones de voluntad no se presumen, deben acreditarse plenamente en el proceso, aclaró la Corte Suprema.
La Sala Disciplinaria recordó que los funcionarios judiciales no son sujetos disciplinables en lo relacionado con las decisiones que tomen al administrar justicia.
Al límite de su periodo, el exfiscal expidió varias instrucciones que Ámbito Jurídico presenta en exclusiva. Se relacionan con crímenes de lesa humanidad, derechos humanos, aborto, libertad de prensa y protesta social.
Si solo se examina este aspecto se incurre en un defecto procedimental “por exceso ritual manifiesto”, pues se deben considerar los demás ítems de la demanda.
Pueden acceder a la liquidación privada o voluntaria, entendida como la consecuencia de la declaratoria de disolución por las causales previstas en la ley o en los estatutos.
Una decisión de la Sección Tercera valoró un documento que no fue controvertido por la Fiscalía y no fue apreciado en la decisión de primera instancia.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó cómo el artículo 207 de la Ley 600 del 2000 evidencia la forma en que los juzgadores incurren en errores de apreciación de la prueba.
Esta norma contiene más de 670 artículos y sus primeras disposiciones entrarán en vigor en 15 días, pero su implementación plena terminará en 18 meses. Un aspecto central es el fortalecimiento de los criterios de gestión del riesgo.
Así lo recordó el Consejo Superior de la Judicatura en un proceso contra un profesional del Derecho que hizo uso inapropiado del lenguaje en los escritos de un proceso civil.
Fueron informadas las decisiones en materias como justicia penal militar, educación sexual y derecho procesal civil. Hubo unificación de jurisprudencia sobre el acto de retiro en la fuerza pública.
La Corte Constitucional informó sus más recientes decisiones mediante comunicado de prensa. Sobresale la inexequibilidad de un requisito a personas en condición de discapacidad para acceder a la pensión de sobrevivientes.
Cuando el paciente carece de apoyo familiar, o el cuidado de aquel resulta una carga excesiva, el Estado debe garantizar la prestación del servicio de salud, reitera la Corte Constitucional.
La creación del Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama son tan solo una parte de las importante modificaciones contenidas en el proyecto de ley estatutaria. Ámbito Jurídico le puntualiza las propuestas más relevantes.
Una sentencia de casación decretó la nulidad de un proceso penal desde la audiencia preparatoria y tomó acciones disciplinarias para las partes intervienes. Conozca el caso.
Es la primera vez que se repite contra la masa sucesoral de un funcionario para garantizar la responsabilidad por los daños patrimoniales que sufrió la administración.
El proyecto espera el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Audiencias concentradas, procedimiento abreviado para delitos querellables y posibilidad de negociar con Bacrim, algunos de los temas centrales.
El Gobierno había presentado ocho objeciones y aunque el Congreso acogió algunas, rechazó otras, lo que obliga al alto tribunal constitucional a pronunciarse.
Supersociedades solicitó a las empresas multinivel información que permita corroborar su constitución, estatutos y productos o servicios que comercializan.
La Corte Suprema recordó que entre acusación y fallo debe haber perfecta armonía en forma y fondo, y que no se debe sentenciar al acusado por hechos no imputados en el momento que la ley determina.
La norma expedida aplica para los auxiliares de la justicia de la lista que administra y de cualquier persona que sea designada como promotor, liquidador o agente interventor.
En decisión tomada en el despacho de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, fue negada la petición que buscaba detener la transferencia de acciones a la empresa canadiense Brookfield.
Según la Sala Laboral, la razonabilidad del plazo para tomar la decisión del despido motivado debe comprender desde que se tiene conocimiento de los hechos hasta la fecha de terminación unilateral.
Así lo precisó el Consejo Superior de la Judicatura al confirmar sanción impuesta a un profesional del Derecho por cobrar unas dádivas monetarias irreales a su cliente.
Según recordó el Consejo Superior, el profesional del Derecho incurriría en la falta prevista en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 del 2007.
Los decretos 1661 y 2164 de 1991 solo cobijan a los empleados del orden nacional, debido a que la norma que permitía establecerla para los empleados territoriales fue declarada nula.
La Superintendencia de Sociedades determinó que no es competente para decretar la medida administrativa, ya que dicha facultad está en cabeza de los entes territoriales.