El Consejo de Estado reiteró jurisprudencia y recordó la legislación vigente respecto a cuándo un concejal, diputado o miembro de juntas administradoras locales pueden incurrir en la desviación indebida de recursos a su cargo. La alta corporación destacó entre los elementos que configuran esta conducta los siguientes: cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados; cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento y cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas (C. P. Roberto Serrato).