Niegan medidas cautelares de urgencia en demanda contra compra de Isagén

Si bien es cierto el 13 de enero pasado la empresa canadiense Brookfield se hizo al 57,6 % de las acciones de Isagén, pagando por este negocio el valor de $ 4.130 por acción, operación por la que el Estado recibió un total de $ 6,49 billones para la financiación de la construcción de vías de cuarta generación, la semana pasada  se interpuso una nueva demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de impedir que la venta se perfeccionara y no se pueda concretar la trasferencia de acciones. (Lea: Así se consolidó la venta de Isagén)

Así las cosas, el reparto de acción legal le correspondió a la Sección Primera del mencionado tribunal, específicamente el despacho de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, en el que fue negada la medida cautelar de urgencia que buscaba detener la trasferencia de acciones entre la empresa canadiense y la Nación.

En el trascurso de las diligencias procesales para esta decisión cautelar fueron presentados los memoriales suscritos por la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el del apoderado legal del Ministerio de Hacienda.

Vale la pena recordar que entre los accionantes se encuentran la Red por la Justicia Tributaria, Sintraisagén, así como los senadores Jorge Enrique Robledo, Sofía Gaviria, Antonio Navarro, Viviane Morales e Iván Duque. (Lea: Conozca los motivos por los cuales se declaró legal la enajenación de Isagén)

La demanda

En el escrito se demanda  principalmente el proceso de adjudicación de las acciones ordinarias que poseía la Nación en Isagén, que se realizó el pasado 13 de enero en la Bolsa de Valores de Colombia.

Para los opositores, se violó el derecho a la libre competencia, lo que ocasionó un detrimento en el patrimonio público y afectó gravemente la moralidad administrativa, “por lo que debe declararse ilegal y evitar que se perfeccione la venta”.

“El proceso aún puede detenerse porque tanto el Gobierno Nacional como el fondo de inversiones Brookfield tenían suficiente información sobre los procesos legales en curso. Además, conociendo las dificultades que ha afrontado la venta, el Ministerio de Hacienda cambió las reglas de juego a última hora”, concluía el comunicado de la Red por la Justicia Tributaria.

(Tribunales, Noticias, Ene. 26/16)

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