La entidad deberá priorizar las investigaciones adelantadas por desaparición forzada, con el fin de lograr la verdad, la justicia y la activación de los mecanismos de búsqueda.
El Ministerio Público rechazó las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación de haber dilatado la entrega del fallo que destituyó al Alcalde de Bogotá.
El alimentario debe ser un sujeto de especial protección constitucional a quien una sentencia le haya reconocido la acreencia asegurada en una pensión de vejez o invalidez.
En contra de la impresión creada por la visita del Procurador General a la CPI, ni él ni otros órganos de los poderes Legislativo o Judicial pueden remitir situaciones a ese organismo.
La Corte IDH ha interpretado que el derecho a constituir o formar una familia y el derecho a la protección de la familia no se refieren solo a un modelo tradicional del concepto.
El incidente procedería respecto de todas las sentencias o autos proferidos por las altas corporaciones judiciales, incluidas las decisiones de tutela.
La Corte Constitucional explicó que, incluso, puede ordenar la elaboración de políticas públicas, para ponerle freno a la violación de derechos fundamentales.
La administración, de manera inconsulta, desconoció actos jurídicos creadores de situaciones particulares y concretas con la excusa de recuperar la equidad social.
“Miren para los lados, y verán toda una capa de la sociedad sin servicios de salud porque la responsabilidad sin culpa impide costearlos”, advierte Javier Tamayo Jaramillo.
Expertos consultado por ÁMBITO JURÍDICO coinciden en resaltar las bondades de la sociedad por acciones simplificada y la existencia de mecanismos de control para frenar abusos. No obstante, aún persisten críticas sobre esta figura.
Un abogado de Pereira interpuso una acción de habéas corpus en contra de la programadora RCN Televisión, porque los actores que participan en un reality se encontraban privados de la libertad.
En días pasados, falleció José Arizala, destacado abogado, académico, escritor y periodista, quien desde febrero de 2004 escribía para ÁMBITO JURÍDICO la columna titulada Cultura y Derecho.
En Latinoamérica, Asia y en África no son pocos los ejemplos de Estados que tienen serias dificultades para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.
Para el jefe del ente acusador, debería hacerse un rediseño constitucional, enmarcado en una reforma judicial, que permita revisar las facultades a la Procuraduría.
En las zonas donde con frecuencia se vea alterado el orden público, las estaciones de policía deben tener una ubicación que no ponga en riesgo a la población aledaña.
Cuando no exista disposición especial aplicable, estas sucursales se regirán por lo dispuesto en el Código de Comercio para sucursales de sociedades extranjeras.
Las normas que le limitan al individuo la facultad libre y voluntaria de formar una familia desconocen su derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
El discurso político y la arenga incendiaria incitan al enfrentamiento y a la violencia, y poco o nada contribuyen al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
El artículo 323 de la Constitución, modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 2 del 2002, establece el procedimiento que se debe seguir si falta tal mandatario.
El Ministerio Público señaló que el mandatario no planeó la implementación del esquema y la inclusión de la población recicladora de la ciudad, tal como lo ordenó la Corte Constitucional.
La Corte Constitucional aclaró que es distinto que circunstancias especiales puedan justificar la falta temporal, como una enfermedad o calamidad familiar.
Entre los diferentes aspectos que reconoce la cartilla, se destaca el de acceder a los servicios sin que se impongan trámites administrativos adicionales a los de ley.
El Ejecutivo o la Procuraduría podrán solicitar la aplicación de este mecanismo sobre cualquier sentencia o auto de las altas cortes que amenace la sostenibilidad de las finanzas públicas, incluida la tutela.
Según la providencia, las nuevas atribuciones conferidas al juez en esta materia generan que la tutela ya no sea el mecanismo subsidiario para este fin.
La acción solicita restringir el alcance de la norma, para que no se permitan interpretaciones que lleven a entender que no se requiere orden judicial.
El contencioso responsabiliza a la instancia constitucional del daño antijurídico que pueda sufrir el Distrito por un laudo que lo condenaba a un pago millonario.
La organización estaría conformada por magistrados de los distintos distritos de esta jurisdicción, con el fin de evitar la eliminación del Consejo Superior.